| Fotos: Juan Cristian Castro (Enfant Terrible)
El exsecretario de Ambiente provincial, Raúl Costa, fue condenado por habilitar proyectos inmobiliarios en bosques nativos y zonas protegidas. En un hecho sin precedentes, la decisión la tomó un jurado popular. Es la medida judicial más importante en la historia socioambiental de Córdoba y también la evidencia de cómo funciona un sistema que protege más las ganancias corporativas que al ecosistema.
Raúl Costa estuvo al frente de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba en el periodo 2007-2011, durante el primer mandato del actual gobernador Juan Schiaretti. Irónicamente, quien representaba la máxima autoridad provincial para velar por los bienes naturales y los ecosistemas, se transformó en su verdugo.
Costa favoreció el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S.A., una empresa desarrollista con abundantes antecedentes judiciales y que durante la década pasada tuvo como cara comercial nada más ni nada menos a Susana Giménez. Esto antes de que el titular de la firma inmobiliaria quedara preso por estafas.
Al exfuncionario de la cartera de ambiente provincial se lo condenó por autorizar el proyecto de loteo “El Gran Dorado”, que preveía el desmonte y cambio de uso de suelo de un área natural protegida. Asimismo, autorizó a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba –EPEC– a construir una Estación Transformadora con equipamiento de alta tensión, también en una zona protegida y sin haber convocado a una Audiencia Pública en ningún caso.
Costa favoreció el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S.A., una desarrollista repleta de antecedentes judiciales
La pena aplicada a Costa consiste en tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un condimento importante es que el exfuncionario debe enfrentar otro juicio por los mismos delitos, por lo que nuevamente deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Si en este segundo juicio fuese condenado, la pena acumulativa se transformaría en prisión efectiva.
“Este fallo reconoce que el camino que empezamos hace 11 años unos cuantos locos valía la pena y pone luz para que, con otros, sigamos caminando en la dirección correcta. Dañar el ambiente no puede ser gratuito”, señaló la abogada Marcela Fernández tras la condena. Fernández es abogada de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), una ONG de la pequeña localidad de San Antonio de Arredondo, ubicada a diez kilómetros de Villa Carlos Paz.
Once años de espera
La historia que terminó en la condena de Costa tiene como origen la tenacidad de Juan Carlos Ferrero, geólogo y miembro fundador de ADARSA, quien en 2012 denunció al exfuncionario provincial.
Once años tuvieron que pasar para que Don Ferrero, con sus 84 años de edad, pudiera presenciar este juicio que está destinado a ocupar un lugar preponderante en la historia socioambiental de la provincia mediterránea como ejemplo de firmeza y defensa de nuestra casa en común. Se trata de un quijote que –junto a sus compañeras y compañeros de ADARSA– no dudó en desafiar al poder político-económico cordobés, territorio en donde la impunidad de los delincuentes ambientales ha reinado históricamente.
El exsecretario de Ambiente también autorizó a la Empresa de Energía Eléctrica a construir una Estación Transformadora en una zona protegida
El condenado es abogado y fue un funcionario del riñón del schiarettismo que ya va por su tercer mandato. A pesar de haber estado imputado luego de dejar la Secretaría de Ambiente provincial, Costa siguió ocupando cargos públicos: fue vicepresidente de la Lotería de Córdoba y, hasta ahora, es síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
La Secretaría de Ambiente cordobesa, a contramano de lo que se podría esperar –un organismo del Estado que vela por los bienes naturales y protege los ecosistemas–, históricamente ha sido la llave que le abrió las puertas a negocios corporativos que atentaron contra el ambiente y la calidad de vida de quienes habitan en Córdoba; por ejemplo, aprobando de maneras no muy claras estudios de impacto ambiental con intereses económicos y políticos por detrás. Una práctica que se hizo habitual en una provincia donde apenas queda el 2,8% de bosques nativos en buen estado de conservación.
Candonga en el horizonte: causas gemelas
Costa deberá afrontar un segundo juicio penal acusado por el mismo delito, pero esta vez en la región de las Sierras Chicas cordobesas, más precisamente en la zona de Candonga.
Juan Smith, abogado y activista de la organización Vecinos del Chavascate, lleva adelante esta demanda aún pendiente. Lo cuenta así: “En 2010, la Secretaría de Ambiente al mando de Costa también autorizó, en zonas rojas de máxima protección de bosques nativos, un emprendimiento inmobiliario a la empresa Ticupil S.A., en similares condiciones que a la empresa GAMA en el valle de Punilla”.
La Secretaría de Ambiente cordobesa, a contramano de lo que se podría esperar, históricamente ha sido la llave que abre puertas a negocios corporativos
Este segundo juicio aún no tiene fecha de inicio. “Esperamos que se aceleren los tiempos, ya que el exsecretario fue condenado por acciones similares, lo que invoca que se hizo a sabiendas de lo que se hacía”, indica Smith. Y, tras remarcar que el daño ambiental ya está hecho, sostiene que “como las Abuelas, no nos vamos a quedar tranquilos; vamos a seguir buscando memoria, verdad y justicia ambiental porque Córdoba no puede seguir siendo zona de sacrificio socioambiental”.
