Carlos Matheu, fue fiscal de la provincia de Córdoba durante 25 años y es recordado por su participación en la primera sentencia en latinoamérica donde se judicializó la contaminación por agroquímicos.

El ex fiscal Matheu, jugó un importante papel en el histórico juicio que se desarrolló en Córdoba durante el año 2008 y del cual resultaron declaradas culpables 2 personas.

“La contaminación ambiental es un delito que está previsto en la ley nacional de Residuos Peligrosos 24051”, comienza diciendo el ex fiscal y agrega que “tiene un régimen penal que sanciona y castiga a quienes contaminan el suelo, el agua o la atmósfera de un modo peligroso para la salud de la gente, con penas que van de 3 a 10 años de prisión”.

El Dr. Carlos Matheu, hoy alejado de los estrados públicos de la provincia, preside la Fundación LUCADESA (Lucha contra la Contaminación Ambiental en Defensa de la Salud) que se enfoca en atender casos de contaminación que provocan enfermedades graves como el cáncer. Matheu, señala que “generalmente, las personas carenciadas son las que más padecen. La gente que vive en el campo o en zonas periurbanas son las más afectadas y, a veces, no encuentran los medios o tienen miedo de denunciar”.

LAS BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y EL FANTASMA DE ITUZAINGÓ ANEXO

El 16 de octubre de 2020, la Unicameral cordobesa sancionó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo denominado ley de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAS). Si bien el proyecto fue aprobado por una abrumadora mayoría de los partidos mayoritarios -50 votos a favor y apenas 3 en contra- la flamante ley es resistida desde los sectores que acompañan los reclamos de los pueblos afectados por las fumigaciones.

Comprometido con las causas que cuestionan el uso de agrotóxicos por sus efectos en la salud de la población, el ex fiscal provincial expresa respecto de la nueva ley BPAS que “vamos a ver cómo se desenvuelve esta normativa destinada a incentivar económicamente a los productores para que cumplan con normas que evitan que se contaminen los alimentos. Es decir, le estamos pagando para que el productor cumpla con la legislación, cosa que igual deberían hacer, sin dinero alguno aportado por el Estado”, afirma el Dr. Matheu e indica que “me parece ridículo porque es un incentivo económico para que no violen la ley de agroquímicos y no puedan cometer el delito de contaminación ambiental”, sentencia el ex fiscal provincial.En Córdoba, el 22 de agosto de 2012, la Cámara I del Crimen emitió un fallo inédito utilizando la figura de contaminación ambiental debido al uso de agrotóxicos en zona urbana: un productor sojero y un piloto aeroaplicador fueron condenados por fumigaciones ilegales en el barrio Ituzaingó de la capital cordobesa. El precedente que representó ese fallo -ratificado por el Tribunal Superior de Justicia provincial primero y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- indicó que aplicar agroquímicos en lugares donde no está permitido es un delito: “esa es la importancia de esa sentencia porque antes de ella no había controles y las sanciones, si es que se aplicaban, eran exiguas: los productores preferían pagar las multas y no dejar de aplicar agroquímicos a mansalva sin respetar las leyes”, señala a Sala de Prensa Ambiental el ex fiscal Matheu.

Relacionado con el proceder del poder judicial en las temáticas socio-ecológicas, el letrado señala que “la justicia no pone énfasis en las cuestiones ambientales porque no hay una política de persecución criminal destinada a investigar estos delitos” y agrega que “por el contrario, no hay una decisión de las autoridades judiciales para perseguir estas transgresiones, mucho menos desde gobiernos que favorecen a la producción agropecuaria, lo cual no está mal -aclara el ex funcionario judicial- pero hay que producir respetando las leyes que resguardan la salud pública: todos sabemos que los agroquímicos son venenos, sustancias que están diseñadas para matar organismos vivos y, por lo tanto, la exposición a los mismos con el tiempo afecta a la salud. Sobre esto hay estudios a nivel internacional, nacional y provincial que no se puede discutir”, sentencia Carlos Matheu.

El ex-funcionario judicial indica que “por lo menos, deberían respetar las distancias para que la gente no se vea expuesta pero, por lo contrario, cada vez tratan de reducir el distanciamiento buscando avanzar más con la frontera agrícola”, indica el abogado que integra la Red Latinoamericana del Ministerio Público Ambiental.

UN FISCAL SUELTO EN SOJALANDIA

¿Cómo fue la tarea de ser fiscal en una causa histórica como la del juicio a las fumigaciones, en barrio Ituzaingó Anexo?

“El 1 de febrero de 2008 me llegó una denuncia del médico Medardo Ávila Vázquez, que en ese momento era subsecretario de Salud Pública de la municipalidad de Córdoba, señalando que en barrio Ituzaingó estaban fumigando con agrotóxicos. Desde ese momento, estudié el caso y dispuse una serie de allanamientos para constatar qué estaba pasando en el lugar. A partir de allí, tomamos medidas, secuestramos muestras y determinamos que habían fumigado con glifosato y endosulfan, agroquímico que hoy está prohibido en la Argentina por su toxicidad y por lo riesgoso que resulta para la salud.

Así, nos encontramos que en el 2002, estas fumigaciones ya habían sido denunciadas en barrio Ituzaingó, es decir que venían fumigando desde hacía 6 años pero la acusación no había tenido eco en la Justicia por lo que decidí actuar en esta denuncia, investigando a fondo y llegando a la conclusión que habían incurrido en el delito de contaminación ambiental. Cuando comencé a buscar precedentes, me di con la sorpresa de que en Córdoba no existía ningún antecedente penal en este tema; tampoco en el resto del país ni en los países vecinos. Entonces, me di cuenta que estaba tocando un punto neurálgico, como era el de la protección del sistema de producción agrícola basado en el uso intensivo de agroquímicos.

Seguí adelante e hice una acusación contra un productor agropecuario y un aeroaplicador que, finalmente, terminaron condenados a 3 años de prisión en suspenso.

No fue una condena muy elevada porque se aplicó la pena mínima, pero nuestros alegatos convencieron al Tribunal provincial y luego -porque el fallo fue apelado- persuadimos también al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que nos dio la razón y, finalmente, la Corte Suprema de la Nación dejó firme la sentencia.

Fue todo un desafío porque no había ningún antecedente al respecto, al tiempo que yo me preguntaba: si la ley de residuos peligrosos preveía un delito tan grave como el de contaminación -considerando la utilización de agroquímicos-, cómo era posible que en un país sojero como el nuestro no hubiese ninguna denuncia penal – transcurridos 16 años de vigencia de esa ley- y ningún fiscal se haya hecho cargo, tampoco un juez en Argentina que haya querido investigar alguna denuncia de esta índole. Entonces, me di cuenta que había metido el dedo en la llaga porque, en general, la Justicia estaba respondiendo a los intereses corporativos, lamentablemente.

Afortunadamente acá en Córdoba, logramos sentar este precedente que indica que hoy es delito usar agroquímicos sin respetar las leyes y quienes las transgreden incurren en una transgresión muy grave que tiene hasta 10 años de prisión. Eso es lo importante del fallo de barrio Ituzaingó Anexo”.

En Córdoba, ¿hay jueces preparados para juzgar delitos ambientales?

“En general, la Justicia no está preparada para abordar los delitos ambientales porque es una temática que ni siquiera está prevista en los exámenes o concursos para acceder a ser fiscal o juez. Es más, aunque existe una acordada del Tribunal Superior de Justicia que establece que los delitos ambientales tienen prioridad de juzgamiento, en la práctica a eso no se lo tiene en cuenta.

Yo me retiré como fiscal de la provincia hace tres años y medio dejando una decena de causas penales ambientales de importancia, por el efecto que tienen en la salud pública, pero esos procesos están virtualmente paralizados en la actualidad. Eso demuestra el poco interés que existe, al menos en el ministerio público fiscal, de investigar estos delitos de contaminación ambiental. Esa es la realidad”.

Desde adentro del sistema judicial de la provincia, cuando usted desempeñaba su labor como fiscal ¿se veía un poder judicial supeditado al dominio político?

“Sí, y también hoy se lo ve. Debo ser franco: el sistema judicial -como está establecido- es vulnerable al poder político porque quienes están a cargo de la investigación de los delitos son los fiscales de instrucción, funcionarios públicos encargados de investigar ilícitos de toda índole y cuando se trata de causas ambientales descubren muchos intereses políticos o económicos en juego que hacen que las fiscalías en general, digo porque hay algunas excepciones, tengan cierta lentitud en este tipo de investigaciones por no querer inmiscuirse hasta el fondo en estas cuestiones”.

SAN ROQUE, QUE ESTA AGUA NO ME TOQUE

En Córdoba existen emblemáticos casos relacionados con delitos de contaminación ambiental. Entre ellos, uno que ostenta 4 décadas de desidia, como es el embalse del dique San Roque, uno de los principales componentes turísticos de la ciudad de Villa Carlos Paz -contaminado hasta los tuétanos- y que provee de agua a 1 500 000 cordobeses.

“No sólo con los agroquímicos pasa esto, las denuncias por contaminación del lago San Roque son un hecho gravísimo y lo denuncié como presidente de la Fundación LUCADESA en febrero de 2018 cuando presentamos una denuncia concreta contra 60 empresarios que arrojan materia fecal de forma directa al San Roque.

Llevamos dos años y medio de inacción total con el conocimiento de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y esto es un claro ejemplo de que a los delitos ambientales no se les da importancia, sobre todo cuando están en juego intereses económicos.

Llegamos a noviembre de 2019 y el fiscal ni siquiera tomó una muestra de los desechos que arrojan 60 establecimientos hoteleros y gastronómicos de Carlos Paz y alrededores, responsables que denunciamos por arrojar materia fecal cruda al lago a través de cañerías clandestinas. Eso es inadmisible por el riesgo sanitario que implica, no sólo para la gente que utiliza el lago de forma recreativa sino también para quienes, por necesidades económicas, consumen los peces que están contaminados con cianobacterias.

Pero también, para la gente que toma esa agua en la ciudad de Córdoba; no nos olvidemos que el lago San Roque es la fuente de abastecimiento que toma la empresa Aguas Cordobesas para potabilizar y distribuir el agua que consume del 70 % de los habitantes de la ciudad de Córdoba.

¿Cómo puede ser que la Fiscalía de Carlos Paz siga consintiendo que estos delincuentes ambientales -que están perfectamente individualizados- no estén imputados y les permita que sigan contaminando?, porque a esto lo vienen haciendo -de acuerdo a las actas de infracción labradas por Policía Ambiental- desde el año 2013. Sin embargo, la justicia mira para otro lado”.

¿Esa denuncia está en el Poder Judicial?

“Está en la Fiscalía del Dr. Ricardo Mazzuchi, fiscal de Carlos Paz, desde hace un año y medio. Al día de hoy, todavía no han tomado las muestras, no han hecho inspecciones, ni han imputado a nadie.

El Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida (CIHRSA), organismo oficial que depende del Instituto Nacional del Agua (INA) recomendó, en enero de 2018, a todas las plantas potabilizadoras que toman agua del San Roque que extremen las medidas y los cuidados para la potabilización debido a la presencia de cianobacterias en el lago. A la vez, exhortó a los municipios, sobre todo al de Carlos Paz, a que advierta a la población que no tome contacto directo con el agua por el riesgo sanitario que ello implica».

¿Existen intereses económicos apañados por el poder político?

“En este caso, claramente sí, porque queda en evidencia la falta de políticas destinadas a eliminar la causa de la contaminación – el volcamiento de la materia fecal que aporta fósforo y nitrógeno- que hace que crezcan las algas que generan cianobacterias. Pero también, hay que diseñar planes para proveer cloacas; lo que hace evidente que no hay ningún plan desde hace décadas para descontaminar el lago que hoy en día es una cloaca a cielo abierto, así de simple.

Las infracciones fueron constatadas en mayo de 2013 y a la fecha 60 empresas siguen contaminando, continúan delinquiendo con el riesgo sanitario que eso implica y con el beneplácito de una Justicia que mira para un costado”.

La Justicia mira para otro lado y los gobiernos hacen anuncios de saneamiento del lago….

“Sí, son anuncios porque la realidad concreta es que permanentemente estos señores para ahorrarse dinero -porque podrían hacer miniplantas para el tratamiento de sus efluentes cloacales o utilizar camiones atmosféricos y llevarlos a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Carlos Paz- pero para no gastar dinero es más fácil hacer una conexión con un cañito que se vaya al lago”.

LA FISCALÍA AMBIENTAL: UN CUENTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL

En junio de 2016, el  Fiscal General Alejandro Moyano anunció a los periodistas cordobeses acreditados en Tribunales la creación de una Fiscalía Especializada para investigar delitos contra el medioambiente. Moyano anticipó que la nueva Fiscalía estaría a cargo del Fiscal de Instrucción, Dr. Carlos Matheu y que comenzaría a funcionar después del receso judicial previsto en el mes de julio de aquel año.

¿Tuvo que retirarse de su cargo como fiscal sin haber podido ejercer el cargo en la Fiscalía Ambiental que, finalmente, nunca existió?

«Justamente, ese fue el motivo por el cual me alejé. En realidad, yo pensaba seguir 10 o 15 años más en el poder judicial pero me fui enojado; me di cuenta que no había interés en crear la Fiscalía Ambiental desde el poder político ni desde el Ministerio Público Fiscal; porque tampoco existía preocupación por defender el medio ambiente ni la salud de la gente”.

¿Por qué hicieron ese anuncio entonces?

“Existía buena voluntad de quien era el fiscal general, Alejandro Moyano.

Un Fiscal General es una persona que dura 5 años en sus funciones, un cargo que no tiene estabilidad y es nombrado directamente por el gobernador, sin concurso ni nada por el estilo. Es un funcionario que difícilmente pueda tener independencia.

Este jefe de fiscales tuvo buena voluntad, entendió la problemática que le planteé e hizo un proyecto para crear una fiscalía especializada en delitos ambientales. Entonces, lo ayudé para crearla: no hacía falta designar nuevos fiscales, simplemente con un empleado administrativo y un secretario yo podía seguir trabajando con mis causas habituales sumadas a las que se me agregarían en materia ambiental.

Llegó el día y no pasó nada, hasta que transcurridos varios meses del anuncio me dijo que no se iba a firmar esa resolución creando la Fiscalía Ambiental porque desde el poder político le habían sugerido hacer un proyecto legislativo más ambicioso y que tendría más sustento si era promulgado por la legislatura: un cargo de fiscal ambiental con toda la infraestructura a disposición. Así fue que esperé 2 años, simplemente por la vocación de servir en el combate de la delincuencia ambiental. Me di cuenta que la creación de esa fiscalía no llegaría nunca y que, evidentemente, no querían que fuera el fiscal ambiental. Decidí entonces seguir trabajando desde otro lugar, desde una ONG”, concluye el Dr. Carlos Matheu.