Un antiguo refrán sostiene que el agua es lo único que puede golpear sin dejar heridas. Sin embargo, la falta del líquido vital desde hace años golpea, hiere y provoca verdaderas tragedias en la vida cotidiana de muchos cordobeses en diferentes regiones de la provincia.
Políticas erráticas, baja disponibilidad de fuentes, mala calidad, concentración urbana, deforestación, incendios y poca conciencia para usarla racionalmente se combinan en una delicada situación que afecta a millares de cordobeses hoy.
SIN AGUA Y A LOS TIROS
Desde hace años, en diversos rincones de la provincia se repite una dolorosa imagen: reuniones comunitarias en donde el Juez de Paz no puede detener violentas discusiones entre vecinos y enfrentamientos mediados por disparos de escopetas: la falta de agua hace perder la paciencia.
De hecho, es una situación habitual que los pobladores de las alturas de las sierras impidan el paso del agua de los arroyos o desvíen sus cauces para abastecerse. Entonces los conflictos no tardan en desatarse: la ira de quienes habitan aguas abajo hace que se organicen verdaderas expediciones armadas a terrenos del vecino para romper los embalses y desvíos ilegales de los arroyos. El saldo de estos conflictos han sido vecinos muertos, pérdidas de cosechas y de animales y desalojos compulsivos desde hace décadas.
La situación se torna tan desesperante que algunos acuden a famosos rabdomantes de provincias vecinas para que, con su horqueta de palo, encuentren la esperada vibración que indique que debajo de la tierra hay agua. Otros, invierten en perforaciones de un altísimo costo para extraer agua subterránea que aún no encuentran.
EL AGUA ES DE TODOS
El agua es un derecho humano que supera a la figura de un bien de cambio y esto genera, muchas veces, disputas entre los propios pobladores.
No es casual que los primeros poblados en nuestra provincia se establecieran a orillas de los ríos. Pero de aquellas primitivas aldeas pasamos a megalópolis como la capital cordobesa en donde el agua sale misteriosamente de la canilla o envasada de los supermercados. Los citadinos del siglo XXI consumimos el líquido elemento sin cuestionamientos, incluso dejamos de llamarnos usuarios para pasar a ser clientes del servicio, todo un cambio que va más allá de la aparente inocencia de las palabras.
El agua como componente ambiental -en Argentina- es regulada como un bien público y, como tal, inembargable, imprescriptible e inalienable porque forma parte del territorio y por lo tanto es un factor de soberanía. Al organizarnos como Estado federal, el dominio de los recursos naturales es asignado a las provincias; las que los regulan, administran y tutelan. Hasta ahí, la Constitución y sus enunciados. En nuestra provincia el manejo del agua por parte de empresas privadas provoca un caos en su administración y con ello hieren de muerte al sistema hídrico desde hace varios años.
PROPIEDAD PRIVADA
Uno de los factores determinantes de la actual crisis hídrica es adjudicable a que gran parte de nuestro caudal acuífero tiene como destino el sistema de riego y, en una provincia semiárida como Córdoba, esto produjo una demanda mayor cuando nos transformarnos en un territorio sojero en la década del 90. Vivimos el caos que producen las grandes empresas que perforan el suelo y extraen el agua sin ningún control. En la Pampa de Pocho, por ejemplo, perforaban el suelo con una gran bomba y extraían el líquido vital para regar miles de hectáreas. Un kilo de soja consumía 3000 litros de agua.
Dentro del sistema jurídico argentino el dominio y la jurisdicción de las aguas es determinado en el Código Civil: Quedan comprendidos entre los bienes públicos: “… los ríos, sus cauces, las distintas aguas que corren por sus cauces naturales y todo otra agua que tenga aptitud de satisfacer usos de interés general.” Las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales y dictan, por lo tanto, las normas que lo regulan, la mayor parte de las normas aplicables al río son provinciales.
¿PATRIMONIO NATURAL O BIEN DE MERCADO?
Las aguas son mucho más que un recurso natural. Son parte de lo que recibimos como herencia para vivir, para desarrollarnos, para crecer como provincia. Pero ese patrimonio ha sido despreciado: sistemáticamente el gobierno provincial ha descuidado las cuencas. A contramano, ha establecido como política de Estado obras faraónicas presentadas como mágicas soluciones. El caso actual más emblemático es la construcción del Acueducto Santa Fe – Córdoba para traer agua del río Paraná que busca abastecer a la región sojera con un costo incalculable para todos los cordobeses.
Después de la reforma constitucional de 1994, la regulación sobre el agua varió sustancialmente, tutelándose ya no solo al agua como recurso natural sino jerarquizándola como componente del derecho ambiental y como patrimonio natural. A pesar de ello, siguieron tratando al líquido elemento solo como un recurso natural, desconociendo derechos ambientales. En nuestra provincia, lejos de desarrollar regulación ambiental en tutela del agua, se la ha incorporado entre los bienes de mercado.
El manejo comercial del agua no es llamativo para los cordobeses.
UN MAPA PREOCUPANTE
En el sur de la provincia hay agua subterránea, pero no es de buena calidad.
La zona sudeste está suficientemente abastecida -salvo sequías excepcionales- pero padece serios problemas de contaminación natural.
En el oeste, existen cursos de agua temporarios, arroyos que se abastecen en el verano y luego desaparecen porque los suelos no retienen el agua.
En el norte, hay poco agua ya que es un territorio profundamente seco y con un déficit hídrico muy importante, al igual que la zona noroeste que es desértica y presenta un marcado escasez pluvial.
Como si lo anterior fuera poco, hay una zona en la que el agua abunda pero que no se puede usar: es el caso de la Mar Chiquita, cuya abundante laguna tiene 360 gramos de sal por litro de agua, lo que la hace intomable, comparada con los 25 gramos por litro de agua que tiene el mar.
LA VENGANZA DE LA NATURALEZA
La provincia de Córdoba es una de la que más destruyó bosques en Argentina.
El mal manejo del bosque y los voraces incendios que se repiten todos los años dejan a parte del territorio provincial sin capacidad de colectar agua; ello provoca inundaciones y poca disponibilidad a nivel superficial.
Los acuíferos se recargan cuando llueve porque los árboles y la vegetación que está debajo de ellos hacen que el agua precipite lentamente. Pero cuando los suelos están desnudos, las lluvias precipitan con velocidad y violencia y se escurre sobre el suelo provocando inundaciones, como la recordada tragedia de San Carlos Minas en 1995, La Calera en el 2000 o Sierras Chicas en 2015.
Los diques a su vez, van perdiendo profundidad porque las grandes crecidas arrastran gran cantidad de sedimentos.
Otras aguas se desechan porque están contaminadas con residuos cloacales, agroquímicos, efluentes industriales o cenizas de los incendios. Hay indicadores de contaminación que no se ven pero que circulan por los ríos y, en general, se podría aplicar esta situación a toda la provincia.
Vivir sin agua en las zonas rurales o serranas es literalmente imposible: hablamos de no tener para tomar, ni cocinar o lavar platos y esta es una realidad comprobada en muchos rincones de la provincia.
El agua es un elemento indispensable para la vida desde tiempos inmemoriales. También, es un derecho humano transformado en un recurso natural muy codiciado. En Córdoba, sinónimo de vida y de poder para quienes la administran.
