*Por Guillermo Posada y Daniel Díaz Romero

Despidos en la Secretaría de Ambiente por controlar desmontes: “Fuimos silenciados y ocultaron todos los documentos”.

Facundo Fernández es un biólogo removido de sus tareas técnicas en la Secretaría de Ambiente provincial por exigencia del abogado de CARTEZ y la Sociedad Rural, Raúl Carranza. Se trata del mismo oscuro personaje que junto al actual legislador y ex secretario de Ambiente, Germán Pratto, tienen responsabilidad sobre 20 mil hectáreas desmontadas ilegalmente en el año 2015. 

Fernández trabajaba cartografiando el bosque nativo y realizando peritajes de las infracciones por desmontes ilegales durante el mandato anterior del gobernador Juan Schiaretti (2007-2011) y desempolva la turbia historia de la Ley de Bosques, dejando al desnudo las consecuencias de las políticas ambientales en la provincia de Córdoba en las últimas 2 décadas, que desembocan en la supervivencia de apenas el 3% de bosque nativo en el territorio provincial.

Una historia que está por repetirse, ya que el gobierno provincial decidió en diciembre pasado arremeter contra los empleados de la Secretaría de Ambiente, al proponer que la Autoridad de Aplicación de la Ley de Bosques, es decir, quien ejerza los controles de los montes nativos provinciales, sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

EL CONTROL DE DESMONTES HIZO RODAR CABEZAS

“Ya no quiero volver –dispara Facundo Fernández-  porque estuve 10 años trabajando en la Secretaría de Ambiente en situación de absoluta precariedad laboral, formándome como personal idóneo y haciendo mi carrera mientras desarrollamos, con mis compañeros, las herramientas técnicas para conservar el bosque nativo. Pero pudieron más las presiones políticas”.

El biólogo cartografió la provincia para establecer las áreas de conservación que ordenaba la Ley Nacional de Bosques, allá por el año 2010.

Su cabeza rodó junto a inspectores, técnicos y administrativos por pedido del abogado de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y de la Sociedad Rural de Jesús María, Raúl Carranza, alegando que Fernández era demasiado estricto en los peritajes de las infracciones que levantaba la Secretaría en los campos de la provincia, donde la tala ilegal sigue siendo pan de cada día.

“Hace cuatro años, quedaba menos del 5% del bosque nativo y en un estado calamitoso. Pero incluso así, las organizaciones rurales no permitieron que hagamos nuestro trabajo. Se quejaron por multas de 300 mil pesos que, según ellos, no deben superar los 1000”, explica Fernández y agrega que “ese trabajo lo realizamos casi en la clandestinidad ya que nuestro criterio técnico y nuestro apego al espíritu a la Ley nos generó muchos problemas: persecución laboral, quita de apoyo, amenazas, traslados y despidos.”

Así fue que el abogado Carranza envió una nota al por entonces secretario de Ambiente, Luis Federico Bocco -hoy está procesado por la Fiscalía Anticorrupción- para reclamar por una presunta arbitrariedad de los técnicos que controlaban los desmontes, “…conformando montos de multas exorbitantes, que en la mayoría de los casos implican una extorsión en el ánimo del productor y, más aun, del sector…”

El abogado se encargó de resaltar en la misiva al secretario de Ambiente su vínculo con el sector productivo agrícola ganadero: “…Con la sanción de la denominada Ley Nacional de Bosques fui prestando asesoramiento a las cuatro (Sociedades) Rurales del norte de Córdoba (…) para luego ser contratado por CARTEZ para realizar el proyecto alternativo (…) pues el que se estaba gestando en la Secretaría se hacía de manera irregular en la denominada y ya por suerte disuelta Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN)…”

Carranza, insólitamente, acusó también a Fernández de estar relacionado con la Comisión encargada de confeccionar la Ley de Bosques provincial, situación que, a criterio de los ruralistas, lo impugnaba para desarrollar su trabajo.

La nota ingresó el 28 de mayo del año 2012, con Nº ACASE01-275410053-012.

Un mes después, Fernández y otros 19 empleados fueron despedidos. “En Ambiente no hay personal jerárquico competente. En estos 10 años vi a contadores y abogados dirigiendo el organismo, ex intendentes y punteros políticos, todos sin vocación de servicio. Utilizaron la caja de la Secretaría para hacer campañas políticas. Ahora la tienen confiscada en el Ministerio de Agua y Ambiente pero antes, y cuando era Agencia más aun, manejaban el presupuesto como querían”, señala el biólogo.

“SE VE QUE TOCAMOS ALGUNOS INTERESES”

Fernández realizaba tareas técnicas junto a los inspectores que controlaban los desmontes: “Hicimos un trabajo de precisión entonces, porque a los inspectores de campo los mandaban sin GPS y sin vehículos en condiciones. Por eso, muchas Actas de Infracciones por desmontes no autorizados venían viciadas. Yo me encargaba de controlar con mapas satelitales y herramientas técnicas que determinaban cuáles eran las dimensiones reales de los desmontes, para poder multar correctamente. En general, las Actas venían con errores porque las calculaban a ojo y, entonces, se estimaban dimensiones de áreas desmontadas más chicas de lo que realmente eran, y eso lo aprovechaban los abogados de la Sociedad Rural para entorpecer los controles”, explica. Y agrega: “Se ve que tocamos algunos intereses que relacionaban a las autoridades con el abogado de CARTEZ. Con los informes periciales ya no les resultaba tan fácil voltear los expedientes y por eso empezaron a presionar sobre mi trabajo”.

Fernández trabajó en la Secretaría durante 10 años y Bocco ordenó su despido porque el trabajador estuvo durante todo ese tiempo en condiciones de precarización laboral, lo que le impidió acogerse al principio de estabilidad del empleado público, como lo establece la Constitución Nacional: “Tres años como pasante y año y medio trabajando directamente en negro, sin recibo de sueldo siquiera. Cuando resolvieron blanquearme me ordenaron sacar un monotributo, a pesar que esa figura corresponde a los proveedores del Estado, no a empleados”, describe.

El fraude laboral llegó al punto que desde la administración le exigían que las facturas que presentaba estuvieran discontinuadas en el número de serie, para que no pudiera demostrar la continuidad laboral.

“Recién en el 2007, mientras hacíamos la cartografía de la provincia que había ordenado la Secretaría, logré que me pagaran un sueldo a través de un contrato”. Esta situación de precariedad no sólo sirvió al gobierno para evadir aportes previsionales y a la obra social, sino también para tener en ascuas a los empleados, sometidos a los humores del funcionario de turno, que resolvían quién continuaba trabajando y quién no.

“Con cada nuevo Secretario que llegaba, lo habitual era que desplazaran a los precarizados para nombrar ‘tropa’ propia. La Secretaría de Ambiente de Córdoba siempre ha estado en manos de representantes políticos justicialistas de San Justo, de Villa María o Río Cuarto, regiones con fuerte impronta sojera”, enmarca el biólogo.

LEY DE DESMONTES

Creada por resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia tal como lo ordenaba la ley marco nacional, la COTBN en el año 2010, constituyó uno de los hitos organizativos más altos de la sociedad civil cordobesa en su intento por limitar el estropicio ambiental que ha significado el avance anárquico y arrollador de la frontera agrícola-ganadera en la provincia.

Por eso no es casual que haya asumido un rol determinante en el debate público sobre la Ley de Bosques, una problemática que está muy presente en Córdoba, a pesar que siempre fue menoscabada por el gobierno.

La masiva la movilización de más de 10 mil personas del 28 de diciembre pasado rechazando el proyecto de la nueva Ley de Bosques presentada por el gobierno de Schiaretti y CARTEZ, reclamando la participación de todos los sectores, fue una muestra acabada de la conciencia sobre la importancia de la preservación del bosque nativo en la sociedad cordobesa .

“Cuando salió la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para Conservación del Bosque Nativo 26331, en 2007, la Secretaría tenía que informar a la Nación cuánto bosque le quedaba, cartografiarlo según las categorías que establece la norma desde las zonas de mayor conservación a las de menor. Así, Córdoba podría acceder a los fondos previstos por ley para las provincias. Por eso, nos pidieron que hagamos ese relevamiento, que debía precisar la cantidad de bosque nativo que quedaba, cuál era  su estado y que marcáramos la zonificación en base a los criterios que fija la ley nacional, en cuanto a categorías de conservación: rojas, amarillas y verdes”, recuerda Fernández.

En ese marco, se creó una unidad ejecutora para encarar el trabajo. Cuando surgió el conflicto del decreto 125 los funcionarios de más alta jerarquía del Ministerio de Agricultura como el ministro Carlos Gutiérrez (actual Jefe de Bloque de Unión por Córdoba), el secretario de Agricultura, Héctor Fontán, y el de Ganadería, Daniel Carignano, analizaron los resultados previos de los estudios que se habían realizado: “Nos llamaron Fontán y Carignano para decirnos que el mapa no podía quedar como lo habíamos hecho porque Schiaretti tenía el proyecto de llevar la ganadería al arco noroeste de Córdoba. Me acuerdo que le dijimos que, como técnicos, no lo íbamos a modificar porque el informe llevaba nuestra firma, que si el gobierno de Córdoba no estaba de acuerdo debían ser ellos quienes tomen la decisión política de meter mano en el trabajo. Querían que modificáramos para que no haya tantas áreas en rojo, las de mayor conservación, que cambiáramos los criterios de clasificación para poder hacer desmonte selectivo”, recuerda el biólogo Fernández.

“EL PROBLEMA SON LOS POLÍTICOS”

¿Qué criterios utilizaron desde el equipo técnico?

Propusimos que se recuperen sectores del mapa, marcados en amarillo, para que los espacios de conservación no estén tan fragmentados,  ya que para la flora y fauna es inviable que funcione el ecosistema como isla, rodeados de mares de soja o de desertificación, porque impide el flujo génico (la posibilidad que individuos de una población de flora o fauna se apareen con otra población en áreas distantes entre sí para que fluya la transmisión de genes en la reproducción). Agregamos varias de esas ideas para recuperar corredores de flora y fauna, con zonas de recuperación donde había zonas de desertificación en suelos salinizados, secos, donde la erosión hídrica y eólica es grave. Por eso aparecen las cárcavas en distintos zonas de la provincia.

¿Cómo fue el proceso?

Durante 2 años realizamos un relevamiento satelital, con sobrevuelos sobre las masas forestales; recorrimos toda la provincia en avión. Fue un trabajo de campo que nos llevó mucho tiempo y dedicación. Constatamos el estado de los suelos, de las áreas degradadas, de todos los criterios importantes para hacer políticas de conservación y dividimos a Córdoba en tres áreas: bosque cerrado (en mejor estado de conservación), bosque intermedio y arbustal pastizal. Ese mapa de cobertura que hicimos reconocía el estado funesto del bosque nativo y alertaba sobre los riesgos de desertificación.

¿Esos criterios chocaron con la idea que tenía el gobierno provincial sobre la conservación del bosque?

Sí, pero nos plantamos y no lo modificamos. Así fue que el gobierno, finalmente, resolvió el tema cambiando los criterios de las zonas marcadas y en el sector rojo permitieron el desmonte selectivo cuando está totalmente prohibido en la Ley Nacional de Bosques, por eso el pedido de inconstitucionalidad que cae sobre la actual Ley. Ninguna otra provincia presentó una norma tan distante del espíritu de la ley nacional. Desde el punto de vista técnico, es una aberración lo que hicieron con la actual Ley de Bosques.

Desde su experiencia, el biólogo Fernández, junto a otros técnicos que trabajaron en la Secretaría de Ambiente, advierten que la nueva Ley que el gobierno intenta imponer en la Legislatura, atenta contra la conservación de los bosques de manera mucho más significativa que la anterior y remarca que “el trabajo del personal de Ambiente es impecable, el problema son los políticos que designan como funcionarios de la Secretaría y uno de los cánceres del organismo es el Área Legal, ahí operan un montón de personajes que se encargan de buscarle la vuelta para que la letra mal hecha y abierta de la Ley termine siendo contraproducente para el bosque.”

El ex empleado de la Secretaría agrega que “la Sociedad Rural dice que el proceso anterior fue un mamarracho, donde no hubo rigor científico y eso, a nosotros, nos da mucha bronca porque aportamos estudios y documentación que respalda nuestro trabajo, porque no es sólo que participamos, si no que impulsamos la creación de la COTBN, donde CARTEZ se retiró intempestivamente del diálogo con el  Movimiento Campesino de Córdoba, la Universidades y más de 30 organizaciones”, recuerda el biólogo y agrega que  “hicimos un trabajo que duró 2 años de relevamiento de vegetación de todos los bosques que incluyó sobre vuelos, imágenes satelitales y mucho trabajo de campo indagando y explorando sobre el estado de los bosques en Córdoba y los criterios que establecimos para generar un mapa de ordenamiento eran muy sólidos, hablaban de un estado crítico del bosque y en cada uno de esos documentos, planteamos qué zonas se podían recuperar. Además, advertimos que no se podía desmontar más, que las áreas amarillas debían destinarse a un Plan de recuperación del bosque y no del rolado selectivo ni implantación de pasturas, que es por lo que vuelven hoy los empresarios rurales”.

Fernández asegura que “a toda esa documentación los legisladores, el secretario de Ambiente y su entorno político la cajonearon sin utilizarla porque, según nos dijeron, no podía ir en contra del Plan Ganadero que tenía Schiaretti en su primer mandato. Después de eso, nos echaron a todos.”

RELACIONES PELIGROSAS

Fernández continúa su relato añadiendo que “finalmente, logré que me reincorporaran y me reubicaron en el área que se ocupaba del control de los desmontes. Allí, descubrimos que la mayoría de los ruralistas eran afines y aportantes de diversas formas al gobierno provincial y, patrocinados por el abogado Raúl Carranza, hacían lo que querían, desmontaban y ni siquiera pagaban las multas. Tenían línea directa con el Gobernador, hablaban con el secretario de Ambiente o con el ministro de Agua y Ambiente”.

El biólogo finaliza explicando que “nosotros empezamos a hacer Actas de Infracción, porque yo estaba en el área de Sistemas de Información Geográfica (S.I.G), es decir, que hacíamos las pericias con imágenes satelitales para después conformar las multas. El resultado de eso fue que nos rajaron a todos, a mí, a una abogada, a los inspectores, a todos los que denunciábamos para adentro todos estos actos. Luego de eso, desmantelaron el Área de Control, es decir redujeron presupuesto, trasladaron el personal a otras áreas.”