De la pretensión de neutralidad al compromiso y la responsabilidad social en la construcción de los conocimientos científicos.
En estos últimos 40 años, la enorme transformación que ha experimentado la ciencia a partir de sus vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales da cuenta de un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas. El desafío es transitar el camino que parte de un cientificismo aséptico hacia una ciencia digna.
Desde los tiempos de Galileo, en los que el científico era un artesano que fabricaba sus propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran describir la realidad, hoy llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse en una lógica de competencia por los recursos y los espacios.
Esta nueva manera de encarar la investigación científica entra en conflicto con la visión tradicional de la ciencia que presupone el carácter autónomo del conocimiento científico. Es decir, una mirada de la ciencia, esencialista, neutral y exenta de responsabilidades por las posibles consecuencias problemáticas de los resultados de la investigación.
«Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se haga o no se haga con eso, no me interesa», asegura el Galileo de la obra de Bertolt Bretch (Vida de Galileo, 1939) y reafirma la idea de que es posible interpretar a cualquier innovación o procedimiento tecnológico como una mera aplicación de conocimientos científicos, cuyo desarrollo tiene en la eficacia y en la eficiencia sus únicos valores.
En este nuevo modo de organización de la producción de conocimientos que encuentra su punto más representativo en el Proyecto Manhattan, se fortalece la idea de que con mucho dinero, un horizonte claro, científicos brillantes y liderazgo adecuado podía conseguirse casi cualquier objetivo que un gobierno considerara importante. Así, se refuerza una especie de optimismo incondicional hacia el progreso científico como sinónimo de bienestar social, especialmente en Estados Unidos que -aún hoy- produce la inmensa mayoría del conocimiento científico global.
Sin embargo, al mismo tiempo, este cambio también despierta una actitud crecientemente crítica y cautelosa hacia la ciencia y la tecnología que comienza a extenderse, sobre todo a partir de los años sesenta, como consecuencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Un logro científico más que controvertido que parece despertar las conciencias de algunos de los científicos e intelectuales más influyentes de la época.
Inclusive, es interesante destacar que el propio Brecht elabora una nueva versión de su obra «Vida de Galileo», a partir de observar el impacto de las bombas. Y pone en boca de Galileo una seria advertencia sobre los usos de la investigación científica:
«Si los científicos, intimidados por los poderosos egoístas, se contentan con acumular Ciencia por la Ciencia misma, se la mutilará, y vuestras nuevas máquinas significarán solo nuevos sufrimientos. Quizás descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, pero vuestro progreso será solo un alejamiento progresivo de la Humanidad. El abismo entre vosotros y ella puede ser un día tan grande que vuestros gritos de júbilo por alguna nueva conquista sean respondidos por un griterío de espanto universal…». Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1945-1947).
En los años siguientes, esta creciente preocupación por parte de algunas élites intelectuales también se vio reflejada en diferentes movimientos sociales que empezaron a considerar a la ciencia y la tecnología como objetos de escrutinio público y debate político. Alimentados por catástrofes relacionadas con la tecnología, tales como accidentes nucleares, envenenamientos farmacéuticos o derramamientos de petróleo, se fueron desarrollando activos movimientos sociales críticos con el industrialismo y el estado tecnocrático.
Asimismo, el desarrollo del movimiento ecologista y las protestas públicas contra el uso civil y militar de la energía nuclear fueron elementos importantes de esa reacción desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Coincidiendo con estas respuestas intelectuales, sociales y políticas, también se produjeron cambios afines en algunas disciplinas académicas tradicionales como la sociología, la historia y la filosofía de la ciencia y de la tecnología. Unos cambios sobre los que la obra de autores como Thomas Kuhn tuvo una enorme influencia.
De manera más o menos independiente, sociólogos, historiadores y filósofos se alejaron de los estudios internalistas y comenzaron a hacer interpretaciones más contextualistas, con un factor común: la crítica a las nociones tradicionales de ‘objetividad’ dentro del conocimiento científico y tecnológico. No se trataba de negar por completo la ‘realidad’ de la naturaleza o de los artefactos, se pretendía insistir sobre el hecho de que nuestra comprensión de la naturaleza y la creación de tecnología eran procesos socialmente mediados. Así, proponen una ‘ciencia de la ciencia’, es decir, el estudio de los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, como así también lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese cambio.
Pasos hacia una democratización del conocimiento científico
En nuestra región, esta corriente adquiere tintes locales de la mano de científicos y pensadores como Oscar Varsavsky, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Rolando García y Manuel Sadovsky, quienes durante los años que transcurrieron entre el primer gobierno de Perón y el golpe de estado cívico-militar de 1976 se propusieron reflexionar acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo construir una ciencia y una tecnología al servicio del desarrollo social en un país periférico como Argentina? ¿Qué lugar ocupa la universidad pública en este proceso? ¿Cuál es el papel de los científicos?
En su obra “Ciencia, política y cientificismo” (1969), Varsavsky introduce una de las ideas más influyentes y representativas de este movimiento y es la necesidad de cuestionar los modos de producción científica. Así se convierte en un crítico feroz de la postura cientificista que, según sus propias palabras, define como “un investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”.
Sin embargo, coincidiendo con la muerte de Varsavsky en 1976, y el inicio de una de las etapas más oscuras de nuestra historia, estas ideas parecen perder fuerza y presencia, aunque permanecen latentes en los intelectuales y científicos que deben exiliarse y en la impronta que pudieron dejar en las instituciones y en los estudiantes que pasaron por sus aulas. Así, con la vuelta a la democracia comienza otra etapa en la que, coincidiendo con una mayor participación y demanda social, la ciencia comienza a democratizarse y sus vínculos con distintos actores clave y movimientos sociales emergentes, poco a poco se van estrechando.
A partir de 1983 empieza a motorizarse un proceso de acercamiento entre la ciencia y la sociedad, especialmente vinculado a la defensa de los derechos humanos. Por un lado, distintas organizaciones de la sociedad comienzan a acercarse en la búsqueda de respuestas a diversos problemas sociales, pero también algunos científicos empiezan a sensibilizarse frente a las demandas sociales y a cuestionar algunas de sus prácticas científicas.
Este fenómeno se ve claramente plasmado, por ejemplo, en la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados y su derecho a la identidad. La historia de Abuelas, no solamente contribuyó a perfeccionar los métodos estadísticos que permiten calcular el índice de abuelidad, es decir, la probabilidad de que se establezca un lazo biológico con los abuelos en ausencia de comparación con el material genético de los padres. También demuestra cómo el compromiso social de algunos científicos, como el genetista Víctor Penchazadeh, permitió acercar a las Abuelas métodos que ya se aplicaban en otros campos para encarar el desenmascaramiento de los crímenes de la dictadura.
En otra línea, el acercamiento entre ciencia y sociedad también se ve reflejado en las políticas de restitución de los restos mortales de pueblos originarios, acompañada por diversas agrupaciones de estudiantes de antropología que empiezan a cuestionar sus propias prácticas científicas. ¿Cómo es posible seguir validando que los restos mortales de personas capturadas y asesinadas durante la denominada Campaña al desierto continúen exhibiéndose en las vitrinas de los principales museos de nuestro país como si se tratara de piezas y reliquias científicas?
A partir del primer reclamo indígena que realiza el Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut cuando pide la devolución de los restos del Cacique Inacayal en 1988 se inicia un lento proceso de debate público que se ve plasmado en la reforma constitucional de 1994. En ella se introduce un “gesto” significativo al reconocer la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”, lo que promovió – a su vez- una nueva legislación. A fines de 2001, el Congreso estableció que “los restos mortales de los aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen”.
Así, por ejemplo, comienza un movimiento dentro del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y en el ámbito de los estudiantes de antropología de la Universidad Nacional de La Plata que propone que el museo se adelante a los reclamos, retornando los “trofeos de guerra”, empezando por revisar el inventario de la institución. Nace así el colectivo GUIAS, “una organización autoconvocada de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad de La Plata cuyo objetivo fundamental es atender los reclamos realizados por los Pueblos Originarios de no exhibición y restitución a sus comunidades de todos los restos humanos que forman parte de colecciones arqueológicas”.
También la reforma constitucional de 1994 introduce en su art. 43 la legitimidad de terceros (Defensor del Pueblo y ONGs) para interponer acciones legales en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. De esta manera consagra la figura de amparo colectivo que será clave en el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la Causa Mendoza. La posibilidad de ampliar el amparo individual (o clásico) a los “terceros” para el caso de los derechos colectivos y difusos se convierte en un instrumento clave en la lucha por los derechos de tercera generación como el derecho a un ambiente saludable. A partir de esta modificación, la problemática deja de ser vista como una violación a los derechos individuales de los afectados y comienza a verse como una vulneración a los derechos colectivos en donde pueden intervenir terceros para interponer acciones legales que velan por el interés público en lo relativo a las normas que protegen el ambiente.
Desde el planteo demagógico de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, que en 1993 proponía limpiar el Riachuelo en sólo 1000 días, hasta el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental establecido en la mencionada sentencia de la CSJN en 2008, la problemática en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo se ha consagrado como el mayor ícono de la contaminación de la República Argentina.
Al mismo tiempo, la Causa Mendoza se ha convertido en el puntapié inicial en la relación dialéctica que se ha establecido entre el Estado y la sociedad civil en la problemática ambiental.
Hoy sabemos que a partir de la movilización de diversos actores sociales, a través de diversas acciones de participación (desde protestas, hasta tareas educativas y de concientización de la opinión pública), se ha logrado que un conjunto de instituciones reconozcan y hagan esfuerzos por garantizar el ejercicio de los derechos relativos al ambiente consagrados en la Constitución Nacional.
La Ciencia Digna encuentra su alquimia social en la provincia de Córdoba
Si hay un caso emblemático que pone de manifiesto la enorme transformación que ha experimentado la ciencia y sus vínculos con la salud y el ambiente en la escena local, es la historia del científico Andrés Carrasco y sus estudios sobre los efectos del glifosato en embriones de anfibios. En 2009, Carrasco desafía los cánones establecidos por el circuito de validación de las revistas científicas, dando a conocer los resultados de sus experimentos a la prensa, antes de ser sometidos al estricto sistema de revisión por pares.
Como si se tratase de una suerte de continuidad en el camino iniciado por referentes como Varsavsky con sus críticas al “cientificismo”, Carrasco parece encarnar estas ideas en sus acciones. Así, pasa de ser un científico vinculado a los modos hegemónicos de producción científica para convertirse en un referente social. Un proceso que no es solo un fenómeno local que en Argentina ha recibido la denominación de ciencia digna, sino que forma parte de un giro radical en las relaciones entre ciencia y sociedad que, actualmente, se expresa en un movimiento a nivel global.
El llamado caso Carrasco da cuenta de cómo este fenómeno se ha visto materializado en la provincia de Córdoba, tanto en las luchas de las madres del barrio Ituzaingó, como en el logro histórico de los vecinos de Malvinas Argentinas al expulsar a la multinacional Monsanto. Y, más recientemente, en el caso de la lucha iniciada por un grupo de mujeres del barrio San Antonio, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, contra la empresa Porta Hermanos.
Como parte de este cambio de rumbo en la construcción de una suerte de partenariado entre el mundo científico y el de las organizaciones y movimientos sociales, tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación también encuentran en la provincia de Córdoba una confluencia clave.
Mediante acciones de protesta pacífica, la participación en instancias de consulta y reclamos ante el poder judicial y la difusión de información científica clave, tanto pueblos originarios, asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas como pequeños productores, entre otros, contribuyeron -de manera decisiva- a visibilizar en la esfera pública el impacto concreto y cotidiano de la deforestación y degradación de los bosques. De hecho, estas movilizaciones masivas fueron las que, por ejemplo, lograron que el oficialismo del gobernador Schiaretti diera marcha atrás en la pretendida modificación de la Ley de Bosques nativos en Córdoba a finales de 2016. Una modificación que pretendía reducir aún más las áreas boscosas de las que sólo queda un 2,8 % en buen estado de conservación en la provincia.
Visión sistémica y ciudadanía planetaria
A lo largo de estas líneas, hemos intentado dar cuenta de la enorme transformación que ha experimentado la ciencia, especialmente a partir de sus (crecientes) vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales, en un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas y de carácter global. Hoy nos encontramos en un escenario crítico en cuanto al abastecimiento energético, el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria; la creciente desigualdad social y las migraciones masivas, cuestiones que siguen profundizándose.
La búsqueda ilusoria de un crecimiento económico ilimitado, impulsado por combustibles fósiles, ha tenido como resultado la deforestación, erosión del suelo, escasez de agua y extinciones masivas de especies. Sus consecuencias más dramáticas han sido las evidentes manifestaciones del cambio climático que amenazan la existencia de la vida humana tal como la conocemos en nuestro planeta.
Pese a las serias advertencias que, desde muy diversas fuentes científicas, vienen alertando acerca de estos fenómenos y de la necesidad de tomar medidas urgentes, la inacción de los gobiernos parece seguir siendo la norma. Algo que en los últimos años ha generado -como contrapartida- el auge de diversos movimientos sociales a escala planetaria cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas ambientales globales, mediante acciones de resistencia no violenta.
Así, por ejemplo, movimientos como Extinction Rebellion (en español Rebelión contra la Extinción, o Rebelión o Extinción, también abreviado como XR), iniciado en Londres en 2018, se extiende hoy en más 80 países, realizando acciones de desobediencia civil que han producido detenciones e incluso puedan traducirse en condenas efectivas.
Tal es el caso de activistas climáticos liderados por científicos y científicas comprometidos con la visibilización de la problemática, que en abril de 2022 protestaron arrojando pintura roja a las puertas del Parlamento español en Madrid y ahora enfrentan una causa por delitos de daños y desórdenes públicos.
«La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”.
Son algunas de las definiciones de la Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna, un espacio creado en honor a Andrés Carrasco que reúne a medio centenar de científicos de cinco países, críticos al modelo transgénico y al extractivismo.
Frente a lo urgente de la emergencia ambiental, quizás haya llegado la hora de sumar el movimiento de Ciencia Digna a los modos de producción del conocimiento, y un paso más: el paso masivo a la acción.
