Con los ojos vendados, mareados por la crisis económica y el bastón presidencial como garrote, Javier Milei y los gobernadores que le rinden pleitesía tuvieron su fiesta en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo. Allí, se encargaron de rubricar una concepción economicista donde lo ambiental sólo les representa una piñata que hay que romper para que se derramen dólares desde el milagroso suelo argentino.
Un economicismo torpe cuya proclama consiste en explotar los bienes naturales a como dé lugar sin medir consecuencias y que amenaza con esparcir en los territorios provinciales más desertificación, destrucción de servicios ambientales, piratería de riquezas naturales, pobreza extrema, refugiados ambientales, contaminación, crisis hídrica y climática, incendios, deforestación, desequilibrios ecosistémicos, pérdida de biodiversidad y de paisajes emblemáticos, es decir de hábitats humanos sanos.
Décadas de extracción por parte la megaminería en nuestro país son una prueba irrefutable del vandalismo que los gobiernos gustan llamar progreso: las corporaciones destruyen para sacar las riquezas del país, las extraen y se las llevan fuera. Para los pobladores quedan territorios destruidos, desequilibrios ambientales y más pobreza. Regiones enteras de Argentina así lo demuestran y Milei junto a los gobernadores aliados del Pacto de Mayo desnudan la política económica libertaria como un abrumador parásito de los bienes naturales de nuestro país.
PARÁSITOS
Pareciera que los gobernantes de la era libertaria desconocen que, por ejemplo, 10 centímetros de suelo arrasado por incendios, erosión o desmonte demoran 100 años en recuperarse; que bebemos aguas mezcladas con excretas, que plantar árboles para la industria forestal no es crear bosques y que consumimos alimentos genéticamente modificados que nos intoxican a diario con sus agrotóxicos.
La narrativa del Pacto de Mayo termina siendo un decálogo desteñido de un pensamiento desechado desde hace décadas, sostenido por un absoluto analfabetismo ambiental.
En la gélida medianoche tucumana del 9 de julio el presidente embistió contra verdades que les resultan incómodas: la crisis climática, el desequilibrio ecológico, los recursos naturales como bienes comunes de todos los argentinos, la soberanía sobre nuestras riquezas biodiversas, la producción respetuosa en el ambiente natural y la participación ciudadana en los territorios.
Solo se trata de la primitiva idea de extracción de los recursos naturales al límite, rubricada por gobernadores colaboracionistas alejados de las urgencias reales de nuestro país.
MILEI Y LOS SOCIOS DEL DESIERTO
El presidente, apuntalado por su casta provincial, retrocede 200 años en cuanto al conocimiento científico y técnico, ostentando un discurso extravagante: la falsa oposición entre Economía y Ecología.
Con afirmaciones absurdas y de dudoso rigor intelectual nuestros gobernantes no hacen más que echar mano a un viejo modelo que ya fracasó en nuestro país. Nada nuevo bajo el sol: para el menemismo la salvación era la soja transgénica, para el kirchnerismo el fracking en Vaca Muerta y para Milei todo eso más la aceleración de la explotación irracional de minerales (litio y cobre, entre otros). Mientras tanto, la pobreza extrema y el saqueo de suelos, agua y ecosistemas completos en los territorios tendrán vía libre en las provincias.
El primer paso lo dio el viernes pasado el gobernador Alberto Weretilneck, de Río Negro, que suscribió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley de Bases (Ver https://www.periodismoambiental.com.ar/con-la-ley-bases-y-el-rigi-tendremos-mas-problemas-ambientales-de-los-que-ya-tenemos/) con la sanción en la legislatura rionegrina de la adhesión al régimen sancionado por el Congreso.
Lo mismo puede preverse que sucederá en Córdoba: la senadora Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero aportaron votos claves en la cámara alta del Congreso para facilitar el camino del RIGI. Sólo falta que el gobernador LLaryora envíe su proyecto de adhesión a la Legislatura cordobesa para que sea aprobado.
DE NEGACIONISMOS, BALLENAS, GALLINAS Y MOSQUITOS
El desopilante discurso en la puerta de la histórica casa de Tucumán se veía venir: el año pasado el candidato Milei afirmaba, respecto de la crisis climática y el calentamiento global, conceptos enfrentados con el consenso científico planetario: “El cambio climático, nada, es otra de las mentiras del socialismo. Hay toda una agenda del marxismo cultural. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta. ¡Dale, loco! Aquellos que conocen cómo se hacen esas simulaciones, las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar un miedo más acá en el tiempo”.
Hace unos meses también, Alberto Benegas Lynch, uno de los hombres más influyentes del círculo íntimo del presidente señalaba: «¿Por qué las ballenas se están por extinguir, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Todos los días se extinguen 25 especies, haga o no haga las cosas el hombre. Entonces, ¿vamos a poner una ley del mosquito africano para que no se extinga? Es un proceso natural».
“El principal problema ambiental es la pobreza extrema”, expuso Milei sin siquiera pestañear. Tampoco lo hicieron los 18 gobernadores que lo acompañaron en un compendio de falsas soluciones para problemas verdaderos a los que, evidentemente, no les encuentran respuestas.
Podríamos decir que el principal problema ambiental de Argentina son los analfabetos ambientales que ocupando cargos públicos, pretenden apuntalar su gobierno con un ajuste despiadado e insensible sometiendo a los más pobres; redoblando su pobreza de ahora en más con el saqueo de los bienes naturales que tienen algo más importante que un precio de mercado: un valor esencial para la vida.
LA CASTITA DE TUCUMÁN
¿De quiénes son y a quiénes enriquecen los bienes naturales de nuestro país? Esta es la pregunta clave en todo este lío. El presidente y sus aliados políticos esquivaron estas preguntas básicas ausentes en el Pacto firmado. Junto a Milei y Llaryora, Scioli, Bullrich, Sturzenegger, Macri, Rodríguez Saá, de Loredo, Juez y Caputo. Viejos lobos de la política puestos a cuidar el gallinero, todos sucribiendo el punto 7 del Pacto, el del compromiso de las provincias para explotar sus recursos naturales:
“El otro compromiso que firmamos hoy aquí y para el cual vamos a necesitar la voluntad de las provincias es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales. Nos dio la posibilidad de que en cada rincón de la patria los argentinos puedan crear riqueza y desarrollar sus vidas de manera digna. Pero los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo. Por eso el principal problema ambiental que tenemos es la pobreza extrema. Y esto solo se soluciona si aprovechamos nuestros recursos. Llegamos al ridículo de compartir cordilleras con Chile y no producir cobre, mientras ellos exportan más de 50.000 millones de dólares al año de este mineral. Más del doble de lo que nosotros exportamos en soja. Llegamos también al ridículo de trabar la explotación de nuestros recursos marítimos, una de nuestras riquezas más abundantes, logrando únicamente que estos sean apropiados por potencias extranjeras. Tener el compromiso de explotar nuestros recursos naturales es tener un compromiso con las necesidades reales de nuestro país, con terminar con la pobreza y con que haya oportunidades de crecimiento para todos los argentinos en cada rincón del país”.
LLARYORA Y SU SINDROME DE ESTOCOLMO: UN CAMINO SIN RETORNO CON UN COSTO ALTÍSIMO PARA LOS CORDOBESES
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora desde el inicio de la era Milei se alineó rápidamente a sus postulados. En mayo insistía que el Pacto debía ser firmado en Córdoba, luego de facilitarle los votos para la aprobación de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
La Ley de Bases, el DNU y el Pacto de Mayo indican que las provincias cordilleranas se encaminan hacia la explotación irracional de minerales y combustibles fósiles, acuíferos y humedales, de eso no quedan dudas. Córdoba también jugará un rol importante en este nuevo esquema de saqueo natural. ¿Por qué? la provincia mediterránea hasta ahora tiene una actividad minera importante (arena, mármol, calizas para cemento y otros materiales utilizados para la construcción) y el ojo puesto en la expansión de la industria agroforestal (Ver https://www.periodismoambiental.com.ar/ley-agroforestal-en-cordoba/).
De esto último poco se habla: el RIGI facilita también con singular interés la expansión de la industria maderera: reemplazo de bosques nativos por monocultivos implantados de especies exóticas como pinos y eucaliptus. El modelo correntino de explotación agroforestal que provocó los históricos incendios de Corrientes hace 2 años -arrasando el 12% de su territorio- podría ser el nuevo paradigma cordobés.
Pero también, desde hace meses, el gobernador cordobés viene coqueteando con la industria megaminera junto a su par de San Juan: «Argentina necesita de la minería, porque es una de las grandes oportunidades que tenemos que potenciar y es un motor productivo que el resto de los gobernadores debemos apoyar», sostuvo Llaryora quien hace unas semanas, además, ratificó el apoyo expresado al sector cuando encabezó el cierre de la celebración por el Día Nacional de la Minería que se realizó en Córdoba, organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM): “La minería, el gas, el petróleo, el litio deben pasar a ser parte de la agenda común y esa agenda no debe ser solo de las provincias mineras; tiene que ser una agenda de toda la Argentina». Al lado del mandatario cordobés, siempre Pedro Dellarossa -ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica- dirigente del Pro en Córdoba y productor agropecuario.
CORDOBA BAJO LA LUPA
Javier Milei disparó sin miramientos en la puerta de la histórica Casa de Tucumán sobre lo que para él y su entorno libertario son los responsables de la pobreza en el país: ¿Los empresarios corruptos?, ¿la masa política que vive del Estado desde hace décadas?, ¿los funcionarios ineptos que ocupan puestos sin estar preparados para manejar los asuntos públicos?, ¿la insensibilidad del mercado empresarial? ¿La avaricia de las corporaciones? ¿La riqueza concentrada en el 5 % de la población? ¿Los que no trabajan ni producen pero especulan en el mercado financiero? ¿Los que endeudan al país? ¿Los que se enriquecen a costa de la pobreza de los trabajadores? ¿Las corporaciones extranjeras que saquean nuestras riquezas? ¿Los pituquitos de Recoleta? Pues no, las organizaciones ambientalistas, o lo que es lo mismo, vecinos y pobladores de un territorio que pretenden conservar el lugar donde habitan gracias a los servicios ambientales de los que viven: el agua, el suelo y el aire por ejemplo.
En la Casa de Tucumán, el presidente argentino planteó sin eufemismos una preocupante amenaza hacia quienes considera el principal obstáculo para la explotación de los bienes naturales: “…Pero los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados”.
En la provincia de Córdoba retumban las palabras de Milei con más fuerza que nunca porque el próximo 29 de julio, un tribunal de Villa Dolores en el oeste cordobés, deberá evaluar un pedido de apelación por el procesamiento de seis pobladores de Punilla que bajo el lema “defender el monte nativo no es un delito” se oponían al avance de una controvertida Autovía: las acciones de los vecinos y vecinas en oposición a la obra vial dejó 18 personas imputadas por la justicia provincial.
Córdoba, su gobernador y el poder judicial, una vez más, deberán decidir si continúan transformándose en punta de lanza del proyecto libertario de Milei. ¿Estará dispuesto el gobernador cordobés a sentar un antecedente judicial gravísimo en cuanto a la criminalización de las protestas en defensa de los bienes naturales?. Un nuevo capítulo se abrirá en la historia ambiental cordobesa.
