2017 arrancó con mucho calor, sobre todo en el valle de Punilla, y con récord de asistencia de vecinos a una Audiencia Pública que terminó frenando a la constructora Gama S.A y a sus desmontes ilegales. Desmontes ilegales como los de un legislador de Unión por Córdoba que pasaba la topadora sin piedad sobre sus campos.
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Otros campos, en el sudeste provincial, quedaban bajo el agua como consecuencia de la desertificación de los suelos y de la ambición desmedida de los propios ruralistas que pasaron a ser inundados, rural-islas digamos.
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En el mes de la Pachamama, mientras los amantes de la naturaleza hacían sus ofrendas a la Madre Tierra, en la Legislatura, el gobierno ofrendó a los empresarios la sanción de la Ley Agroforestal; algo así como un Plan de Reforestación que les permite deforestar para forestar lo que deforestaron, sólo que implantando bosques de pinos y eucaliptos que, no son bosques si no producción en serie de árboles clonados. Ojo, pinos no es lo mismo que Pinas, que en el futuro será un Parque Nacional, siempre y cuando se transparente a quién le van a pagar y a qué precio, aquellas tierras de Manubens Calvet.
Hablando de tierras, nos anoticiamos que estaba en venta la tierra de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes: ofrecían cascadas, ríos y montañas por casi 3 millones de pesos. Una ganga por tratarse de un área natural protegida. Y hablando de Los Gigantes, se cumplió un año más de la inexistencia de un plan de remediación de la mina de Uranio que allí extraía el mineral para las centrales nucleares.
Remediación, decíamos. La que no tiene remedio es la municipalidad de Córdoba que clausuró Dioxitek S.A. para levantarle la clausura, semanas después. Dioxitek, la planta que procesa uranio dentro de un barrio y al lado tiene enterradas más de 50.000 toneladas de residuos químicos y radiactivos. Y si de residuos hablamos, hablemos de los vecinos de Villa Santa Ana que resisten con uñas y dientes la instalación de un mega-basural en su pueblo, idea maloliente del recolector Mestre que quiere meter bajo la alfombra de los vecinos la basura del gran Córdoba.
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En la ciudad de Córdoba, el intendente Mestre mira para otro lado mientras los vecinos de barrio San Antonio piden a gritos que se vaya Porta S.A, una industria contaminante que los está enfermando.
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Y hablando de enfermos, los vecinos de la pequeña localidad de Dique Chico siguen expuestos a que los fumiguen encima. Encima que los fumigan, el Poder Judicial no los escucha: no hay peor sordo que el que no quiere dejar de fumigar.
Dijo el Gobernador Schiaretti: “Estuvimos a un «tris» de una catástrofe ambiental», convertido en un desopilante comentarista de lo que nos sucede a los cordobeses. Hablando de “tris”, triste es la realidad: el gobierno provincial nunca explicó por qué permitió que una empresa -que acumula residuos peligrosos- se instale a metros de la fuente de agua que abastece a más de 400 mil cordobeses y terminó contaminando peligrosamente el agua. Siguiendo con los “tris”:
1) La empresa TAYM pertenece al grupo Roggio
2) La obra de entubamiento del Canal Los Molinos está adjudicada al Grupo Roggio.
3)La empresa Aguas Cordobesas pertenece al grupo Roggio
O sea, Hat trick, para Roggio. ¡Qué Jugador!
Y hablando de la empresa Aguas Cordobesas, el embalse del lago San Roque no daba más de olor a podrido y lucía un extraño color verde kriptonita: contaminación bonita a la que se sumó tristemente el espejo de agua del dique Los Molinos, producto de agrotóxicos y la falta de cloacas. Eterno problema que el gobierno provincial enfrentaría con un plan consistente en pedirles a los habitantes de esas cuencas que no vayan de cuerpo por dos años. “Hay que hacer un esfuerzo, fuerza vecinos”, sería el contradictorio mensaje del gobierno con una propuesta no muy viable. Vialidad provincial trazó caminos en Taninga, llevó adelante la Autovía de Montaña Variante Costa Azul y Las Jarillas, todos de manera ilegal.
Legalizada quedó la obra de los gasoductos que construye en la provincia Odebretch. Britch, que es el Sectario -Secretario quisimos decir- de Ambiente, le otorgó el visto bueno a la obra mientras que se paseaba en vehículos de esa corrupta empresa, sí: Odebretch, Britch, un quemo.
Mientras tanto, los incendios empezaban a asolar la provincia y el gobernador Schiaretti, que andaba en campaña electoral, no tuvo mejor idea que anunciar que se acababa el impuesto al fuego. Durante 7 años, nunca supimos como administraron esos cientos de millones de pesos que recaudaron, en qué los destinaron ni por qué, nunca rindieron cuentas públicamente. Una Caja misteriosa, al igual que las recaudaciones de las multas por delitos ambientales en Córdoba. Una semana después del anuncio, se desataban incendios que afectaron gran parte de la geografía cordobesa: evacuados, animales muertos, daños materiales y menos bosques nativos, aún.
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El gobierno, finalmente, no pudo aprobar su ley de desmontes pero se quemaron bosques y, habría que ver si no es más o menos lo mismo, porque quedó menos bosque nativo del que había. No es lo mismo un desmonte químico que un químico… bueno, eso no importa. Lo que sí importa es que el gobierno provincial les pidió a los empresarios mineros que intensifiquen su actividad, mientras los vecinos de San José de la Quintana y San Marcos Sierras cerraban filas para que la voladura de montañas fuera solo un espejismo. Espejismo, como el de los oasis.
El que parece que vivió en un verdadero oasis fue el ministro de Agua y Ambiente de Córdoba, Ing. Fabián López, quien fue funcionario de Julio De Vido y quedó imputado por un Juez Federal en una causa en la que investigan si recibieron coimas de Odebretch S.A. De nuevo Odebretch.
De nuevo Roggio, la empresa que maneja el agua que consumen los cordobeses de la capital provincial, porque la ciudad se quedó sin agua 2 veces durante varios días, a raíz de los incendios serranos que parecen no tener final. Hablando de fin, a finales de marzo, el legislador oficialista Carlos Presas fue consultado sobre el rol que tuvieron las políticas públicas provinciales, ya sea por acción u omisión y sobre la actual situación crítica que vive la provincia de Córdoba en materia ambiental. El funcionario, uno de los máximos defensores de la reforma a la Ley de Bosques, respondió con tono altanero frente al grabador: “Tan mal no estamos haciendo las cosas. La gente nos vota desde hace 20 años”. Cuatro meses después, las urnas le respondieron con un cachetazo a la soberbia y a la impunidad.
Impunidad generalizada para una provincia donde los delitos ambientales están al orden del día.
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Hablando de delitos ambientales, resulta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que fumigar con agrotóxicos en una zona de protección es un delito penal. También, que una molécula de veneno suelta en el aire, tras una aplicación, es un residuo peligroso. Corte la bocha, dijeron los Jueces, son residuos peligrosos y le dieron la razón a los vecinos fumigados de barrio Ituzaingó Anexo: los agrotóxico = residuo peligroso. Y apareció un oso muerto en Capilla del Monte, un oso melero hermoso pero sin vida, lo que indignó a mucha gente.Mucha gente afectada por tormentas de tierra durante los meses más ventosos, producto de la desertificación de los suelos cuyos responsables son algunos empresarios rurales, y resulta que muchos de ellos son parte interesada en la Ley de Bosques para ampliar sus apetencias económicas. Empresarios rurales, que también son legisladores, casualmente. ¿Casualmente?
Causalmente, hablamos del archivado proyecto de Ley de Bosques, que debió descartar el gobierno, tras las históricas movilizaciones contra la resistida iniciativa gubernamental, y que llegaron a convocar a 40000 personas, o 300 según el ábaco del contador Carpio o «200 pelotudos que están ahí afuera», como dijo el legislador González. Curiosa forma de expresarse del legislador. Pero más curiosa aún, fue esa «cosa» que organizaron a fines de este año y que llamaron Congreso de Economía Verde. Economía Verde en donde estuvo el Negro Obama que se llevó $400.000. Economía negra, entonces.
Entonces, el gobierno trajo a Obama porque parece que es verde, el Negro. Pero se olvidaron que hace 2 añitos dijeron que iban a crear una Fiscalía especializada en Delitos Ambientales y nunca lo cumplieron: una mentirita del gobierno provincial. Una más.
Vamos por más.
Más de 80 organizaciones socio-ambientales de la provincia presentaron en la Justicia de Córdoba una denuncia Penal por Asociación Ilícita contra el ex-Secretario de Ambiente -y actual legislador- Germán Pratto, el ex-Director de Bosques Nativos, Ing. Forestal Néstor Cruz, el ex -director de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, Jorge Ferrari y el ex-asesor legal de CARTEZ, abogado Raúl Carranza por la autorización sistemática de desmontes ilegales en la provincia.
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2017 fue el año en que la provincia se convirtió en un polvorín de conflictos socio-ambientales que señalaban las malas políticas del gobierno. Los partidos políticos y sus dirigentes ya no pudieron subestimar las exigencias de los habitantes de los territorios. Porque a la exigencia de una democracia verdaderamente participativa, la despreciaron y lo terminaron pagando en las urnas. Los “ambientalistas” votaron.
2017, un año diferente que señaló un quiebre en la histórica pasividad ciudadana: Los habitantes abandonan su papel de tímidos espectadores de la irracionalidad y de la avaricia sin fin.
Esta Córdoba rebelde -en cuanto a la imposición como forma de gobernar- va resignificando a los recursos naturales como bienes comunes, marcando un camino en donde las políticas ambientales ya no pueden prescindir de las voces de quienes habitan los territorios en conflicto.
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El signo distintivo del 2017 en Córdoba, fue la conmovedora tosudez de vecinos, organizaciones, técnicos y científicos realizando jornadas de reforestación -por iniciativa propia- en cada rincón de la provincia; dejando de lado su tiempo, familia, salud y dinero en un intento desesperado por aportar a la permanencia del bosque nativo.

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Fue un hermoso estallido de conciencia para abrazar ese 3% de bosque nativo que nos quedaba a los cordobeses.
Fue, es y será la ilusión de dejarles a los que vienen mejores bosques, mejores ríos, mejor calidad de vida.
Fue, es y será enseñarles a los que vendrán que todo tiene valor pero que no a todo se le puede poner un precio.
Fue, es y será su silencioso llamado de atención para decirle «no» a proyectos que atenten contra la calidad de vida de los cordobeses.
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Muchas cosas buenas está dejando esta batalla histórica de la sociedad cordobesa en defensa de su derecho a vivir en un ambiente sano.

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En las calles, en las sierras, en los montes, en los campos y en las ciudades cordobesas, el año que se va, tuvo aroma a aguerrida esperanza, usada en defensa propia.

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