Cuarenta años de democracia: Políticas ambientales en Córdoba

Desde la recuperación de la democracia, la degradación ambiental continuó su derrotero y determinó el deterioro de la calidad de vida; signo elocuente de cómo se construyó la cultura democrática sin lugar para la participación ciudadana y colectiva.

La noción biológica de ecosistema determina que innumerables organismos viven en él y se sitúan en una constante lucha por los alimentos y el territorio.

Las presiones y demandas sociales encontraron a este hábitat cordobés en agrios conflictos socio-ambientales, con un Estado que se presentó como neutral y que redujo cada vez más la jerarquía de los organismos que rigieron las políticas ecológicas de la provincia.

Ilustraciones: Jorge Cuello (*)

Luego de un largo proceso de demandas y reclamos sociales, la recuperada democracia permitió que emergiera la “ecología de los pobres” de la mano de la participación ciudadana, a través de la organización de asambleas vecinales, por sobre la “ecología de los ricos”, que durante la dictadura militar se preocupaba por salvar a los osos pandas de China sin mirar lo que sucedía en su entorno inmediato.

Sin embargo, transcurridas cuatro décadas de democracia, la situación dominante durante la larga noche de la dictadura se repite: la necesidad de producir a cualquier precio, compensar los gastos del deterioro de los términos del intercambio y enfrentar los compromisos de la deuda provincial, asfixiando a los ecosistemas cordobeses y situando a la política económica como un parásito de los recursos naturales, re-significados hoy como bienes comunes naturales.

Hoy parece que los funcionarios siguen desconociendo que 10 centímetros de suelo arrasado por incendios, erosión o desmonte demoran 100 años en recuperarse; que bebemos aguas mezcladas con excretas, que plantar árboles no es crear bosques y que consumimos alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, la preocupación y las recomendaciones de los cuadros técnicos del área ambiental -muchos de ellos de excelencia- nunca lograron eco en sus jefes políticos a lo largo de estas cuatro décadas.

María Julia: el gen del modelo extractivista

María Julia Alsogaray marcó a fuego los paradigmas ambientales de la democracia argentina, luego de encabezar las privatizaciones de las empresas estatales ENTEL y SOMISA en 1991, bajo la consigna del achicamiento del Estado. Durante su primera presidencia, Carlos Menem la designó en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.

Desde entonces, María Julia instaló una mirada economicista del “dejar hacer” a las empresas contaminantes y depredadoras de los bienes colectivos -que persiste desde entonces trasladada a los organismos gubernamentales cordobeses- y una postura ideológica muy definida: Alsogaray, como secretaria de Ambiente de la Nación, dio una charla a los alumnos de la Escuela Nacional de Inteligencia -futuros espías de la SIDE- donde  recomendaba “vigilar” a los activistas, ya que el medio ambiente era un terreno en el que existían fuentes potenciales de conflicto, lideradas por una corriente ideológica que se había quedado sin ámbito de acción (a pocos años de la caída del Muro de Berlín). Todo un posicionamiento del organismo primario que regía las políticas ambientales. Un paradigma que aún hoy persiste en los despachos de las devaluadas áreas ambientales provinciales.

Democracia sin campesinos

En materia ambiental, la recuperación de la democracia no logró despegarse de los resabios dictatoriales. La provincia sufrió rápidas transformaciones de su ambiente como consecuencia de cambios que plantearon un panorama alarmante, con efectos difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.

En los 165.321 Km2 de superficie, tanto en el sector serrano como en las llanuras, en las áreas rurales y urbanas, los problemas ambientales comenzaron a tomar visibilidad desnudando la inexistencia de políticas de Estado.

Así, en los últimos 40 años se desmontaron más de 2 millones de hectáreas, desalojando cientos de familias que vivían en el monte. Muchas de ellas  habitaban el norte provincial –que compone un triste 54,7 % de índice de pobreza- y eran  las guardianas de los recursos genéticos. Pobladores que con sus saberes ancestrales asumen  la naturaleza como parte de su cultura.

Pero a los administradores de turno, la situación no los ocupó demasiado: ecosistemas como el Espinal o el Chaco Serrano, donde el 80 % de la población rural hacía uso de plantas medicinales y recursos de la medicina tradicional, fueron devastados. El poder político no se ruborizó al pisotear derechos de los habitantes del territorio, con la prepotencia y la insensibilidad de los gobiernos militares.

Rulo al poder

En 1985, apenas arribada la democracia, Raúl Montenegro, “El Rulo” como lo llamaban sus amigos, fue el primer funcionario de la era democrática que se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión Ambiental en el gobierno radical de Eduardo Angeloz.  Elaboró la Ley General del Ambiente (7343), la primera norma provincial para regir los destinos de los ecosistemas cordobeses que estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental (EIA), hoy tan presente en numerosos conflictos socioambientales, como la radicación de industrias contaminantes, de gigantescos emprendimientos inmobiliarios y de controvertidas obras públicas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo provincial.

Desde entonces, los cordobeses experimentamos una desenfrenada carrera de malas administraciones que socavaron identidades culturales enlazadas con los ecosistemas, acentuando las desigualdades sociales y hundiendo a la provincia en una crisis ambiental cada vez más difícil de revertir.

Los refugiados ambientales

Las áreas gubernamentales que se ocuparon de las problemáticas ambientales aplicaron, desde su creación, una curiosa metodología de trabajo y las consecuencias de esa política se manifestaron sobre el ambiente: fueron organismos que corrieron por detrás de los acontecimientos mientras el fantasma de la contaminación química, el descontrolado avance de la frontera agropecuaria y el desmanejo de las cuencas hídricas tomaron cuerpo en la provincia.

El afán por generar ingresos al Estado provincial –bajo gobiernos radicales y peronistas por igual- reafirmó, en las últimas cuatro décadas, un dramático fenómeno social. Las modificaciones en los ecosistemas cordobeses produjeron una nueva categoría social: los refugiados ambientales, personas que fueron expulsadas de las regiones en donde habitaban.

Los pobladores de los bosques cordobeses, una vez que vieron agotados los bienes naturales de su zona, terminaron también con su forma de subsistencia. Esto provocó el desarraigo de sus costumbres y tradiciones ya que, generalmente, su destino final fueron las villas miseria de las grandes capitales de la provincia. A ello se agregó un novedoso elemento: la emigración a barrios y a ciudades jaqueadas por la contaminación producida por las industrias y por la polución química. Desarraigo convertido en marginalidad.

Una deuda democrática: el derecho a la información

La información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión y evaluar el resultado de las políticas implementadas y las previstas para el mediano y el largo plazo.

Desde hace años, se hace evidente la necesidad de contar con un informe sobre el estado del ambiente en la provincia. Este diagnóstico debiera acercarnos a conocer los tres aspectos indispensables del desarrollo: la calidad del ambiente, el desarrollo social y la economía, aunque a nuestros funcionarios les encrespa que se le pidan explicaciones.

Se necesita más investigación para definir y cuantificar los impactos de la contaminación ambiental sobre la salud, ya que está demostrado que el ambiente exacerba la condición de ciertas enfermedades crónicas. Los cordobeses necesitamos estos estudios con datos relevados por instituciones imparciales y externas a la Secretaría de Ambiente, para asegurar la veracidad e imparcialidad de sus resultados.

Debemos estimar lo que se gasta por año debido a enfermedades asociadas con la contaminación química, como asma, cáncer y enfermedades neurológicas. Aunque los tóxicos sean invisibles, los cordobeses tenemos derecho a estar informados.

Los especialistas aseguran que si conociéramos estas cifras, los cálculos echarían por tierra el argumento de los “altos costos” para implementar programas de protección ambiental. El Estado provincial tiene la obligación, incluso, de contemplar en este estudio los costos estimados por el dolor y sufrimiento de las personas.

El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano así como el deber de preservarlo y defenderlo.

La realidad indica que toda información vinculada con el ambiente debe tener carácter público, esté en manos del Estado o de empresas privadas, pues la responsabilidad social por un ambiente sano es un mandato constitucional. Es sustancial que los ciudadanos tengamos el pleno conocimiento de las condiciones ambientales del sitio en que vivimos, trabajamos, estudiamos o nos recreamos. El secreto industrial es un caso particular, pero su preservación no puede servir de pretexto para negar información ambiental sustancial.

Cuando escuchamos denuncias de organizaciones ambientalistas nos preguntamos: ¿Es cierto o están exagerando en lo que dicen?  ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sabemos porque las informaciones oficiales resultan insuficientes.

Lo más desconcertante de estos temas es la amplitud de la desinformación pública que existe. ¿Será mera casualidad?

En este valioso camino donde respiramos cuatro décadas de gobiernos institucionales, recuperamos algunas libertades y derechos.

Valores como diversidad biológica, heterogeneidad cultural, pluralidad política y democracia participativa deberán orientar a la reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos.

Una luz al final del túnel

Por primera vez, transcurridos 40 años de democracia, en un hecho sin precedentes en la provincia y con la participación decisiva de un tribunal popular, Raúl Costa -funcionario que fue la máxima autoridad ambiental durante el primer mandato de Juan Schiaretti- fue condenado por abuso de autoridad relacionado con delitos ambientales, lo que  se ha transformado en la medida judicial más importante en la historia socioambiental de Córdoba.

Raúl Costa estuvo al frente del organismo ambiental cordobés en el periodo 2007-2011, durante el primer mandato del actual gobernador Schiaretti. Irónicamente, quien representaba la máxima autoridad provincial para velar por los bienes naturales y los ecosistemas se transformó en su verdugo.

Costa favoreció el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S. A, una empresa desarrollista con abundantes antecedentes judiciales y que -durante la década pasada- tuviera como cara comercial nada más y nada menos que a la diva Susana Giménez. Esto antes que el titular de la firma inmobiliaria fuera preso por estafas.

A este exfuncionario de la cartera de ambiente provincial se lo condenó por autorizar el proyecto de loteo “El Gran Dorado” que preveía el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida. Asimismo, autorizó a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba –EPEC– a construir una Estación Transformadora con equipamiento de alta tensión, también en zona protegida y sin haber convocado a una Audiencia Pública en ningún caso.

La pena aplicada consiste en tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un condimento importante es que Raúl Costa, el exfuncionario condenado, debe enfrentar otro juicio por los mismos delitos por lo que nuevamente deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Si en este segundo proceso judicial fuese condenado también, la pena acumulativa se transformaría en prisión efectiva.

“Este fallo reconoce que el camino que empezamos hace 11 años unos cuantos locos valía la pena y pone luz para que, con otros, sigamos caminando en la dirección correcta. Dañar el ambiente no puede ser gratuito”, señaló la abogada Marcela Fernández tras la condena.

Fernández es abogada de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), una ONG de la pequeña localidad de San Antonio de Arredondo, ubicada a 10 km de Villa Carlos Paz.

Once años persiguiendo una condena

Esta historia comenzó con la tenacidad de Juan Carlos Ferrero -geólogo y miembro fundador de ADARSA-, cuando en 2012 denunció al exfuncionario provincial.

Once años tuvieron que pasar para que don Ferrero, con sus 84 años de edad, pudiera presenciar este juicio que está destinado a ocupar un lugar preponderante en la historia socioambiental de la provincia mediterránea como ejemplo de firmeza y tenacidad. Se trata de un quijote -junto a sus compañeras y compañeros de ADARSA ONG- que no dudó en desafiar al poder político-económico cordobés, territorio en donde la impunidad de los delincuentes ambientales ha reinado históricamente.

La Secretaría de miedo ambiente

El condenado es abogado y fue hombre del riñón del schiarettismo: vicepresidente de la Lotería de Córdoba y síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender (un organismo del Estado que vela por los bienes naturales y protege los ecosistemas) la llave que le abrió las puertas a negocios corporativos que atentaron contra el ambiente y la calidad de vida de los cordobeses; por ejemplo, de maneras claras Estudios de Impacto Ambiental con intereses económicos y políticos por detrás, en una provincia donde apenas queda el 2,8% de bosques nativos en buen estado de conservación.

Candonga en el horizonte: causas gemelas

Costa deberá afrontar un segundo juicio penal acusado del mismo delito, pero esta vez en la región de las Sierras Chicas cordobesas, más precisamente en la zona de Candonga.

Juan Smith, abogado y activista de la organización Vecinos del Chavascate, lleva adelante esta demanda aún pendiente: “En el año 2010, la Secretaría de Ambiente también autorizó, en zonas rojas de máxima protección de bosques nativos, un emprendimiento inmobiliario a la empresa Ticupil S.A, en similares condiciones que a la empresa GAMA en el valle de Punilla”, explica el letrado.

Si bien este segundo juicio aún no tiene fecha “esperamos que se aceleren los tiempos, ya que el exsecretario fue condenado por acciones similares, lo que invoca que se hizo a sabiendas de lo que se hacía”, indica Smith y, tras remarcar que el daño ambiental ya está hecho, sostiene que “como las Abuelas, no nos vamos a quedar tranquilos; vamos a seguir buscando memoria, verdad y justicia ambiental porque Córdoba no puede seguir siendo zona de sacrificio socioambiental”.