En la fría noche del domingo 9 de junio, cinco familias originarias de La Quiaca Vieja, en Jujuy, recibieron un aviso informal que les estremeció: en 48 horas serían desalojadas de las tierras que habitan desde hace generaciones. En medio de la celebración del Inti Raymi, el Año Nuevo de los pueblos andinos, Trinidad Trejo y su familia se preparan para enfrentar una batalla que lleva años gestándose.
* Por Susi Maresca y Camila Parodi | Fotos: Susi Maresca
La situación de las familias de La Quiaca Vieja no es aislada. En los últimos años, las comunidades originarias de la región han enfrentado una creciente presión por parte de intereses económicos que buscan explotar sus tierras ancestrales para proyectos extractivistas y comerciales. Estos intentos de despojo han sido llevados a cabo muchas veces sin el debido proceso legal y sin respetar los derechos de las comunidades. El caso de la familia Trejo es un ejemplo claro de esta problemática, donde el derecho a la tierra y la identidad cultural se ven amenazados.
Estamos en el corte de ruta, junto a las comunidades que resisten el desalojo. A pesar del frío y la incertidumbre, el espíritu del Inti Raymi, la celebración ancestral que marca el recibimiento del nuevo sol, impregna el ambiente. Para estas comunidades, el Inti Raymi no solo simboliza el renacimiento de un nuevo ciclo, sino también la renovación de su lucha y esperanza. En medio de la hostilidad, las familias se encuentran y en el abrazo reafirman su conexión con la tierra y su determinación de defenderla.
Trinidad Trejo, es una de las habitantes del territorio en disputa, con mucho dolor relata cómo fue notificada su familia: “Nos informaron que el desalojo estaba ordenado por la familia Burgos. Nosotros vivimos aquí desde hace cuatro generaciones, no es fácil para nosotros. Mi madre, de 83 años, ya ganó juicios posesorios, pero no tuvimos los recursos para seguir adelante con el proceso legal”.
La familia Trejo no solo perdió su hogar, sino que también enfrenta la dura realidad de un sistema que parece ignorar sus derechos ancestrales y humanos. El aviso de desalojo llegó a la familia a través de un enfermero, y no por los canales oficiales: “Vivimos hace 50 años del campo, teníamos animales, gallinas, patos, corderos, que ahora están en casa de mi suegra. Vivimos de eso y ahora no sabemos qué hacer. Nadie nos ayuda”, denunció Alfonsina, hermana de Trinidad.
Despojo y resistencia en la ruta
El 11 de junio, como habían sido advertidos, las fuerzas policiales y de infantería llegaron al territorio. Trinidad, junto a su madre Francisca Farfán, su hermana Alfonsina, su hermano Marcial y otros familiares, intentaron resistir. Sin embargo, la brutalidad del operativo fue implacable. “Nos hicieron como perros, nos sacaron del alambre que cerramos para que no pasen. Pese a que había niños y ancianos, no les importó”, narró Trinidad mientras describía el momento en que las máquinas arrasaron sus hogares.
Desde entonces, las familias desalojadas han ocupado la ruta en protesta a tan solo 5 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca. “Llevamos días en la ruta, hemos pasado frío, hambre, y estamos enfermos. Mi madre llora al ver nuestras cosas tiradas. Nadie nos ha venido a ver”, señala Trinidad, mientras alimenta el fuego.
La sombra de la Zona Franca y el extractivismo
El trasfondo de este desalojo se relaciona con la implementación de la “Zona Franca”, un proyecto que implica la instalación de una zona de negocios en La Quiaca, promovido por el gobierno provincial desde 2019. Este proyecto, es denunciado como un negocio inmobiliario y extractivista por las comunidades originarias ya que pretende, a su vez, instalar un emprendimiento de paneles solares.
Desde el juzgado de primera instancia N°6 del Poder Judicial, se ha justificado el desalojo en un supuesto conflicto entre familias terratenientes. Sin embargo, las verdaderas intenciones parecen ser otras: “Quieren hacer negocios con nuestras tierras para proyectos solares y turismo, sin consultarnos ni respetar nuestras tierras”, denunció Gustavo Ontiveros, antropólogo y profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, quien participó de la celebración del Inti Raymi junto a las familias del corte.
Hace justamente un año, las más de 400 comunidades de Jujuy reunidas en el Tercer Malón de la Paz cortaron las rutas y accesos de la provincia en protesta contra la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales que prioriza el avance de las empresas transnacionales sobre territorios comunales. Lo que aconteció en Jujuy, tanto en términos legislativos como represivos, fue un escenario anticipatorio de la actual situación que atraviesa el país tras la llegada de Javier Milei a la presidencia.
Las medidas de represión denunciadas durante la reforma de la constitución provincial -como el uso abusivo de gases lacrimógenos, disparos en los ojos, persecuciones, allanamientos y detenciones ilegales- se replican en los operativos desplegados por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich para la reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores.
Su relación es indisociable: entre los artículos más preocupantes de la ley, se incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que prioriza el avance de intereses privados sobre los bienes comunes y la soberanía nacional. La situación en La Quiaca Vieja refleja este panorama nacional, donde los derechos de las comunidades originarias así como de la naturaleza se ven sistemáticamente vulnerados en favor de proyectos extractivistas.
“Yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”
Luego del violento desalojo, la familia Trejo se asentó al costado de la ruta 9 con las pertenencias que les quedaron de su hogar, ahora destruido. Alfonsina Mariela Trejo comparte su testimonio: “Nos desalojaron hace cuatro días y mis hijos no están asistiendo a la escuela”. Ante la falta de respuestas institucionales para acompañar la situación, la única acción estatal que llega al corte reproduce la violencia: durante la tarde del jueves, la Secretaría de Niñez de la provincia se hizo presente para presionar por el levante del corte ante una posible intervención sobre las niñeces.
Las familias afectadas están recibiendo apoyo de otras comunidades que les han llevado alimentos y otras provisiones, pero la incertidumbre persiste. “No somos una familia rica, somos humildes, pero esta señora que dice ser la dueña nos sacó a la calle como si fuéramos perros. Llevamos viviendo aquí más de cincuenta años. No tienen piedad de los niños ni de los ancianos”, añadió Alfonsina.
La comunidad de La Quiaca Vieja sigue resistiendo, esperando que se haga justicia y que se respete su derecho a la tierra que han habitado por generaciones. Su lucha no es solo por su hogar, sino por el reconocimiento y respeto de sus derechos como pueblos originarios. En este contexto, la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para enfrentar las adversidades. “Nosotros no debemos abandonar a nuestros hermanos y luchar para que vuelvan a sus casas, siempre con la ley en la mano”, concluyó Gustavo Ontivero, llamando a la unidad de las comunidades indígenas en defensa de sus territorios.
Francisca Trejo, madre de Trinidad, aseguró su resistencia: “No voy a ser la primera ni la última, esto va a pasar siempre, pero yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”. Hoy, las palabras de Francisca resuenan en el corazón de quienes, a pesar de la adversidad, se niegan a rendirse. Como nos enseñan nuestros pueblos originarios en cada solsticio de invierno, la luz y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.
Para colaborar con las familias del corte se pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta:
CBU: 28502054440094961236268
Alias: GiisPortal
Titular: Gisela Raquel Portal
