Daniel Díaz Romero junto a Pablo Ramos entrevistan a Darío Ávila, abogado especializado en temas ambientales. 
El abogado Ávila explica los fundamentos y objetivos del capitulo RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) de la Ley de Bases impulsada por el gobierno nacional que garantiza la explotación irracional de los bienes naturales provinciales, por un período de 30 años y sin restricciones ni controles.
Hace seis días, el gobernador cordobés Martín LLaryora señalaba públicamente que «Nosotros estamos acompañando, dando los instrumentos: las puertas de Córdoba están abiertas para firmar el Pacto de Mayo. Los puntos (del Pacto de Mayo) son básicos y cualquier país normal y civilizado los tiene que tener. Espero que sea el 25 y si no cuando quieran.»
Entre las prebendas que el RIGI pretende otorgar a las grandes corporaciones extractivistas figuran la omisión del Estudio de Impacto Ambiental y las Audiencias Públicas, desconoce el Acuerdo de París firmado por nuestro país, enerva la conflictividad en la potestad de las provincias sobre los bienes naturales y desconoce las autonomías provinciales por parte del Estado Nacional.
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