El tráfico ilegal de piezas prehispánicas mueve cifras de un valor incalculable y sus piezas son apetecidas por coleccionistas del mundo entero. Esta actividad delictiva pasa desapercibida aunque existe un gran número de coleccionistas -en el país y en el exterior- que cuentan con proveedores de nuestra provincia: según una investigación de Sala de Prensa Ambiental, operan numerosos grupos que se apropian de reliquias indígenas y de esa manera ofertan y venden colecciones enteras. En negocios céntricos y en el Paseo de las Artes están a la venta las piezas extraídas de lugares sagrados que han sido saqueados y muchas se venden en comercios de antigüedades de la Capital Federal. Los especialistas y las autoridades son reacios a situar lugares y cotizaciones, por miedo a que sean saqueados.
Al infame negocio con el patrimonio indígena se suma un nuevo fenómeno: una intensa explotación minera que implica la voladura de zonas con arte rupestre, entre ellos un sitio en el norte cordobés que resulta más valioso que el mismo Cerro Colorado. La preocupación por el tráfico se trasunta en el inicio de contactos de la patrulla Ambiental de la Policía con la INTERPOL.
La Dra. Mirta Bonnin, directora del Museo de Antropología de la UNC revela que “hay un gran número de coleccionistas, en Buenos Aires, Europa y Estados Unidos, que tienen proveedores cordobeses”. Así, el saqueo de objetos y arte indígena sigue escribiendo extensos capítulos en la historia de Córdoba: en el último año, fueron halladas varias urnas de entierro, donde los indígenas colocaban a sus niños, en Cosquín, Embalse y Amboy. El problema de la falta de controles deja entrever que, para el gobierno provincial, el saqueo del patrimonio es un tema menor, ya que solo dos funcionarios tienen a cargo el control de la temática arqueológica: “Es mucho trabajo, porque sólo somos dos especialistas para ejercer controles en toda la provincia”, reconoce uno de ellos.
En el año 2004, decomisaron 87 piezas arqueológicas a un arquitecto que intentaba sacarlas hacia Italia. “Son muy pocas las veces que la Justicia interviene de esta manera, en general, no se resuelven los casos ni se decomisa” advierte la Dra. Bonnin y agrega que “las redes de contrabando son estructuras que aun no conocemos”. Mientras los expertos y técnicos lidian con estas dificultades, la Justicia muestra un costado dudoso en su accionar: “Hace poco tiempo un Fiscal dio la orden para que un esqueleto indígena fuera resguardo en un Museo Privado en Traslasierra, a pesar que la ley especifica que debe ser resguardado en Patrimonio de la Provincia”, afirma Alfonso Uribe, a cargo del único Museo Arqueológico que sostiene la Agencia Córdoba Cultura, en la localidad de Río Segundo y que recibe del gobierno provincial, sólo $150 por mes. Uribe agrega que “el letrado infringió la ley ya que ni siquiera él podía decidir eso y debería haberlo enviado a depósito judicial”.
COMECHINGONES A SAN TELMO
Este tráfico no solo involucra desidia gubernamental e inoperancia de la Justicia sino que, según atestiguan las páginas policiales, hubo detenciones y procedimientos por estupefacientes donde aparecieron puntas de flechas; es que al norte de Córdoba llegan extranjeros para cazar palomas y muchas veces, los chicos que los proveen de municiones les dicen donde están los sitios con restos arqueológicos y el resultado es que sacan piezas del país por $10. A esta situación, se suma el apetito de personas inescrupulosas; según testimonia Uribe: “Hay empresarios que alojan a europeos en zonas donde hay aleros con pinturas rupestres para que excaven y se lleven lo que encuentren”. El funcionario señala: “Estoy convencido que hay muchas piezas indígenas de Córdoba que se venden en comercios de San Telmo –Capital Federal- y en el Paseo de las Artes, de nuestra ciudad”. Mirta Bonnin, por su parte, agrega que“conocemos lugares céntricos donde se comercializan estos objetos. A veces, están ocultos detrás de la venta de artesanías o a cargo de personas conocidas que tienen el apoyo de las autoridades. No puedo dar los nombres, pero están hechas las denuncias”, advierte la experta. Por su parte, el Sub-comisario Horacio Martínez, de la Patrulla Ambiental de la Policía dice que “Normalmente, los robos se producen en lugares deshabitados y de difícil acceso”. En tanto, la preocupación por el tráfico se trasunta en el inicio de contactos con la INTERPOL, que vinculará a los agentes cordobeses con la policía internacional, para vigilar esta actividad delictiva que está rodeada de un halo de misterio ya que, los especialistas y las autoridades, son reacias a situar lugares y cotizaciones, por miedo a que sean saqueados: “No damos cifras de cuanto vale una pieza porque serviría para fijar precios en el mercado ilegal”, explica Bonnin.
UNA MINA EN CHARQUINA
Charquina es una zona del Departamento Minas y en aquel recóndito lugar se realiza una intensa explotación minera que implica la voladura de sitios con arte rupestre. Uribe señala que “en 1986, esta región fue declarada sitio arqueológico, pero la exportación de granito grismar creció y comenzaron a destruir y deteriorar todo a una velocidad increíble”. La desesperada batalla por preservar el patrimonio cultural guarda la anécdota: “Llegamos a clausurar una de las canteras cuando el frente de la explotación había llegado a 50 centímetros del alero principal de arte rupestre y las cargas de gelamón ya estaban listas para volar todo. Vuelan cientos de pictografías todos los días, de un sitio mas importante que el Cerro Colorado, en cantidad y calidad”, explica Uribe. Por su parte, Mirta Bonnin afirma que “la Dirección de Minería habilitó algunos consorcios que ponen los intereses económicos por sobre los culturales”. Según un especialista vinculado al tema, que pidió conservar su anonimato, algunas compañías mineras asentadas en Charquina cubrieron con montañas de tierra los aleros y cuevas que tenían pictografías para que las inspecciones no objetaran su voladura. El encargado del Museo provincial dice que son numerosos los grupos “que creen que los objetos indígenas pueden ser pertenencias particulares y, en realidad, lo que se llevan a su casa son bienes del Estado” y agrega que “en Córdoba se ofertan y venden colecciones enteras”. La especialista Bonnin opina que “a veces, la falta de presupuesto y de personal impiden que se cumpla con la tarea y en otras ocasiones no hay vocación por llevar adelante políticas de patrimonio cultural”.
