Daniel Díaz Romero junto a Pablo Ramos entrevistan a Marcela Martín, pobladora de Santa María de Punilla y trabajadora social en el Hospital Colonia Santa María.
Hace 6 años, el gobierno provincial puso en marcha la obra vial de la Autovía de Punilla en medio de fuertes cuestionamientos por parte de científicos, técnicos, organizaciones y habitantes del valle por las consecuencias ambientales y sociales del proyecto.
El 13 de agosto de 2022, Marcela Martín junto a otros asambleístas se encontraron espontáneamente con el intendente de Cosquín, Gabriel Musso -actual integrante del directorio de la Agencia Córdoba Turismo- y comenzaron a protestar con sus banderas y carteles reprochándole al exfuncionario municipal el otorgamiento del permiso de uso de suelo para que la obra atravesara su municipio.
Sorpresivamente, luego del hecho, Marcela se vio imputada en una causa judicial junto a otros 17 asambleístas.
El próximo lunes 29 de julio, Marcela Martín junto a sus compañeras y compañeros procesados deberán comparecer ante un tribunal provincial en Villa Dolores para pedir su sobreseimiento en una causa entablada por amenazas al por entonces intendente de Cosquín.
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Llaryora continuador de Schiaretti es el representante de los especuladores inmobiliarios, los Pooles de siembra y los agronegocios. La obras de infraestructura como rutas y autovias para favorecer a los empresarios agrícolas, turísticos y los negociados inmobiliarios explican el alineamiento automático del gobierno provincial y del régimen cordobés de conjunto con el gobierno de Milei. La continuidad y profundización del extractivismo y el saqueo con sus nefastas consecuencias de contaminación y devastación de los ambientes naturales, del bosque nativo, el monte, los ríos y el suelo, incluye la represión y criminalización para los, las y les defensores de ambiente.