TOXICORDOBA, UN PASEO POR LAS DÉCADAS PERDIDAS 

El empobrecido horizonte que la democracia heredó de la dictadura militar abrió sus brazos a cuanta inversión se asentó en nuestros suelos, sin control alguno. Ante la desesperación por los índices de desocupación las exigencias legales fueron mínimas y en algunos casos inexistentes.

La incorporación de nuevas tecnologías fue el signo distintivo de estas décadas y la radicación de industrias que conformaron parques de importancia hicieron que diversas firmas industriales -muchas de ellas con producción de residuos peligrosos- se concentraran en la región de Río Tercero, Marcos Juárez, Bell Ville y la capital provincial.

En la ciudad de Córdoba, la empresa CIADEA arrojó sus desechos al río Suquía y 19 empresas vertieron residuos peligrosos en el canal FIAT, colindante con el tristemente célebre barrio Ituzaingó Anexo. Este bolsón de contaminación, enclavado en la zona sureste de la ciudad contó con más de 120 casos de complicaciones oncológicas relacionadas con transformadores con PCB y la fumigación con agrotóxicos en campos linderos. A pesar de la negativa del Ministerio de Salud de la Provincia, se descubrió PCB y pesticidas en las muestras recogidas y comenzó a darse un fenómeno de migración de los habitantes del barrio.

En el Complejo de Fábricas Militares del sur-oeste provincial hubo reiteradas denuncias de escapes de oxido nitroso y las industrias generaron desechos que acarrearon  riesgos de contaminación del aire, del suelo y del agua superficial y freática.

Desde el retorno a la democracia, diversas organizaciones sociales reclamaban la reducción de descargas de sustancias tóxicas al ambiente desde las industrias petroquímicas de Rio Tercero. En pleno Estado de Derecho, se sucedieron accidentes químicos y fugas que se mantuvieron en secreto: los vecinos denunciaron públicamente una grave explosión de celdas electrolíticas en la empresa Atanor, de Rio Tercero. Esta empresa y Petroquímica después de contaminar, se negaron a indemnizar a las familias damnificadas por la descarga de residuos industriales al suelo. En junio de 2007 murieron dos operarios en la planta de petroquímica, tras un escape químico del gas fosgeno.

La persistente falta de Plantas para el Tratamiento de Residuos Especiales y Peligrosos hace que todavía una cantidad indeterminada de contenedores  de desechos industriales tóxicos sean almacenados en lugares circundantes a las empresas o depositados clandestinamente en campos.

Pero la negligencia no solo provino del sector privado: en la década del ’90, gracias a la intervención de una ONG, se detuvo el proyecto de construcción de 2 hornos incineradores de residuos patógenos en el propio Hospital de Niños.

Durante décadas, funcionaron 3 plantas de incineración: CIVA en Villa Allende, los hornos de la empresa Minetti en Malagueño y el incinerador Vicarb de Atanor, en Rio Tercero. Todos ellos quemaban residuos peligrosos sin control de la Agencia Córdoba Ambiente.

En la misma década, se sucedieron denuncias por depósitos clandestinos de residuos tóxicos en Corralito, Almafuerte y Salsipuedes y la instalación  de un horno incinerador de residuos clorados de plaguicidas en la ciudad de Río Tercero.

Por aquellos tiempos, la empresa Corcemar-Holderbank quemaba ilegalmente residuos peligrosos en su horno, contaminando el aire del Gran Córdoba.

En esa misma década, una organización no gubernamental detectó que se distribuían muestras de plaguicidas -altamente tóxicos- por correo.

En el noroeste se utilizaban Farathion y Malathion (insecticidas organofosforados). Hasta hace pocos años, los campos del norte provincial  eran rociados con DDT y Gammexane (pesticidas clorados con efectos residuales cancerígenos). Mientras tanto, en el corazón del populoso barrio Alta Córdoba, los funcionarios no sabían qué hacer con el depósito ilegal del peligrosísimo DDT, almacenado en decenas de tambores corroídos en un galpón abandonado. Finalmente, tras objeciones técnicas, idas y venidas los temidos contenedores del pesticida fueron a parar a la localidad de Bower, el mayor bolsón de contaminación de la Argentina, pues sus habitantes están sitiados por un enterramiento que recibe la totalidad de los residuos producidos por la ciudad de Córdoba, un incinerador de residuos patógenos, una planta de tratamiento y depósito de residuos peligrosos y un depósito judicial con 20 000 vehículos semi-destruidos.

Los cordobeses no siempre tenemos presente que tenemos en nuestro territorio una de las dos centrales nucleares de Argentina, herencia del gobierno militar que alentaba el avance de esta tecnología. En 1983, cuando la dictadura estaba en retirada, se registraron escapes de Tritio 3 (elemento radiactivo) desde la Central Nuclear de Embalse. Los posteriores gobiernos democráticos decidieron sobre-exigir la Central -que provee el 7 % del paquete energético total del país- en el marco de recurrentes crisis energéticas y, más de una vez, decidieron suspender paradas preventivas de inspección y mantenimiento de la Central.

En 1989, la Mina de Uranio Los Gigantes que contaminaba la cuenca del lago San Roque -tras seis años de batallas administrativas, legales y públicas- fue clausurada finalmente, aunque la remediación de los residuos que generó aun sigue pendiente, pues la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento aprobó un proyecto para el volcamiento controlado de residuos del ex Complejo Uranífero-Fabril de “Los Gigantes”, ubicado en las Sierras Grandes de la provincia. La medida provocó la reacción de las comunas y habitantes de las cuencas del río San Antonio, curso de agua que abastece al dique San Roque, quien provee el 65% de agua potable a la ciudad de Córdoba.

Cuando mediaba la década del ‘90 surgió un nuevo proyecto relacionado con la actividad: instalar un basurero nuclear en las Salinas Grandes, en el norte de Córdoba.

Relacionado con ello y conscientes del riesgo que generaba una Planta procesadora de Uranio en Córdoba, en 1987 comenzaron los reclamos para que Dioxitek S.A – que realiza un proceso de conversión del uranio- abandone la ciudad.  Finalmente, el traslado de la factoría fue acordado para agosto de 1999, claro que quien lo desee, hoy puede ver las instalaciones que aun procesan el elemento radiactivo en el mismo lugar donde estaba.

Por aquellos tiempos, fruto de la iniciativa de organismos estatales, se trasladaron ilegalmente  por rutas y calles cordobesas 120 toneladas de uranio desde los puertos de Buenos Aires y de Bahía Blanca con destino a la Planta Dioxitek, enclavada en los alrededores del barrio Alta Córdoba. Una investigación periodística determinó que el complejo fabril arrojaba el uranio a las cloacas.

En el año 1996 comenzó a vislumbrarse el problema de las crisis hídrica en la provincia, cuando vecinos de Cuesta Blanca –en el valle de Punilla- se opusieron a la construcción de un nuevo dique que afectaría el ecosistema de la zona. La provincia comenzaba a buscar medidas tan desesperadas como erráticas para contener la crisis, ejemplo de ello fue la propuesta de construcción del Canal Federal, que afectaría a los Bañados del Río Dulce y la Laguna de Mar Chiquita que, desde hace unas décadas, ha diluido su antiguo nivel de salinidad, alterando su ecosistema.

Producto de los desmontes y la expansión de la frontera agropecuaria comenzaron a sucederse inundaciones en el sur provincial y a arrasar pueblos enteros, como el caso de San Carlos Minas.

El emblemático caso de contaminación del lago San Roque fue producto de años de descargas cloacales, residuos de laderas erosionadas, vertidos industriales y mineros y basurales a cielo abierto. Desde 1998, los gobiernos de Angeloz, Mestre, De la Sota y Schiaretti, reciben créditos del BID para sanearlo. Sin embargo, los fondos llegan pero el saneamiento no.

Otro gran espejo de agua, el dique Los Molinos en la región de Calamuchita, comenzó a transitar un camino preocupante  por la ocupación anárquica de los loteos sobre sus márgenes.

Las primeras napas de Córdoba están contaminadas y se cumplen 10 años de que 60000 cordobeses de 13 barrios sufrieran la contaminación con nitritos y nitratos en el agua que consumían.

Sumado a ello, la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales de Bajo Grande vivió en permanente colapso condenando a los habitantes de Chacras de la Merced a vivir en un ambiente degradado y a consumir agua de pozo contaminada con materia fecal, ya que la Planta descargaba líquidos cloacales crudos al río Suquía.

Los suelos son los recursos naturales o bienes comunes, de mayor valor y su adecuada utilización es factor fundamental para el desarrollo. Córdoba fue la primera provincia que sancionó una legislación protectora del suelo, la Ley 4186, en el año 1949.

Sin embargo, después de la aplicación del “Corralito Financiero”, en el año 2001, los desarrollistas aceleraron la inversión en el rubro inmobiliario lo que provocó el precipitado poblamiento de las sierras de manera descontrolada. En tan solo 11 años pequeñas comunas del sur de Punilla triplicaron su población. Este nuevo fenómeno expansivo provocó que el uso del suelo cambiara, lo que ocurrió a expensas de de las áreas de monte y de bosque.

Obras ilegales avaladas por los gobiernos incentivaron la construcción del country “Le Quartier de la Montagne, en Carlos Paz, por citar un caso. La empresa destruyó parte de una montaña utilizando explosivos de alto riesgo.

En la ciudad de Córdoba, el gobernador De la Sota y el intendente Mestre (hijo) entregaron un pulmón verde de la ciudad – 22, 3 hectáreas del ex -Batallón 141 – al empresario Eurnekián.

David Nalbandian y Marcos Ligato, amigos del poder, proyectan megaemprendimientos inmobiliarios en Río Ceballos, al igual que Euclides Bugliotti, en Salsipuedes.

El norte de córdoba ya perdió el 85% de sus bosques.

Los desmontes que se practican para implantar la agricultura son el problema ambiental más grave de la provincia de Córdoba, ya que eliminan el bosque nativo de forma definitiva para implantar cultivos, lo que tiene una consecuencia irreversible sobre la biodiversidad, extinguen localmente las especies de flora y fauna autóctonas y empobrecen y pierden los suelos. Después de décadas de esta práctica irracional está demostrado que el desmonte no ha mejorado la calidad de vida de los sectores marginales. A eso, se agrega que la cantidad de territorio protegido por reservas naturales es exigua y fragmentada.

La deforestación produce alteraciones en el clima y en los regímenes hidrológicos, erosión y pérdida del suelo y esto lleva a la pérdida de suelo fértil con un mayor escurrimiento superficial, acelerando la eutrofización de diques, lo que afecta la aptitud del agua para uso urbano y agrícola.

El caso más emblemático que ilustra la desidia con que se desarrollaron las políticas ambientales en la provincia, es el Sistema de Monitoreo Automático del Aire (SIMA), inaugurado en 1994, durante la gestión del intendente Martí. El SIMA contaba con  2 estaciones móviles conectadas a una estación central que permitían obtener información sobre la calidad del aire. Así, supimos que en julio de 1997 el nivel de alarma por contaminación del aire ya era alcanzado y ubicaba a la capital de la provincia apenas peldaños debajo de México D.F y Santiago de Chile por los altos niveles de polución. Plomo, cobalto y mercurio -entre otras muchas partículas- flotaban en el aire que respiramos. El sistema de monitoreo del aire fue desmantelado a lo largo de las siguientes gestiones municipales y las estaciones que medían la contaminación hoy forman parte de la chatarra que habita en los corralones municipales.