En Córdoba, incautaron fauna silvestre en peligro de extinción en el marco de procedimientos oficiales pero no todos los animales llegaron a destino porque desaparecieron misteriosamente en el camino.

Tras diversos allanamientos se descubrió el faltante de animales decomisados en operativos de la Secretaría de Ambiente: quienes controlaban el tráfico de fauna están siendo investigados por tráfico de fauna.

Personal de la Secretaría de Ambiente y de Policía Ambiental están imputados por hurto reiterado de ejemplares que secuestraban mediante procedimientos oficiales. Uno de ellos, es el actual jefe de inspectores de la Policía Ambiental. El otro es fiscalizador de fauna de la Secretaría de Ambiente.

A esto, se agrega una segunda denuncia en la Fiscalía de Estado y llega hasta la cúpula de la Secretaría de Ambiente y de la Policía Ambiental cordobesa por encubrimiento de estos delitos. La acusación solicita que el gobierno provincial aparte de sus cargos al Director de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo y a María Victoria Muccillo, subsecretaria de Ambiente provincial.

Sospechas de complicidad entre Policía Ambiental, Secretaría de Ambiente y el Zoo para el tráfico ilegal de animales silvestres.

EL JEFE DE INSPECTORES DE POLICÍA AMBIENTAL Y UN INSPECTOR DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, IMPUTADOS

El tráfico ilegal de fauna silvestre ocupa el tercer lugar en el ranking de los comercios ilícitos a nivel mundial, detrás del contrabando de armas y el narcotráfico, con los cuales suele estar emparentado, también.

Este comercio prohibido está enquistado en nuestra provincia desde hace décadas, utilizando diferentes estrategias que burlan los controles del Estado provincial.

Según documentación a la que pudo acceder Sala de Prensa Ambiental, un expediente administrativo interno de la Secretaría de Ambiente cordobesa terminó en una causa penal que involucra a funcionarios de esta secretaría y de Policía Ambiental.

Una investigación judicial que comenzó en 2012 acaba de imputar y elevar a juicio por hurto continuado al actual jefe de inspectores de la Policía Ambiental, Sebastián López Haber y a un inspector de Fauna de la Secretaría de Ambiente, Christian Tulián.

La causa se remonta al año 2011 e involucra a quienes eran inspectores de Fiscalización y Control de la Secretaria de Ambiente y a personal de otras dependencias de esta secretaría, al mando de Oscar De Allende; aquel polémico funcionario recordado por su propuesta de alimentar a los niños del Paicor con palomas.

De Allende, ex director de Recursos Naturales y los jefes del Área de Fauna de la Secretaría de Ambiente se encuentran investigados en esta causa por la Fiscalía Distrito 2 Turno 3 de la ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Pedro Caballero.

DESAPARICIONES, EL LABERINTO DE LA FAUNA

El proceso penal en que están involucrados estos dos agentes provinciales surge de irregularidades en un expediente interno de la Secretaría de Ambiente por infracción a la Ley Nacional para la Conservación de la Fauna Silvestre (N° 22421), donde se detectaron faltantes de ejemplares de fauna incautados por personal del área ambiental cordobesa en allanamientos oficiales efectuados el 14 y 15 de junio de 2011, en la ciudad de Río Tercero y en Villa Rumipal.

Desde marzo de 2011, se investigaba al zoo de Córdoba por presuntas irregularidades en el manejo de aves provenientes de secuestros y que eran entregadas para su custodia. Esto dio origen a una investigación apoyada en la posible comercialización de aves decomisadas, depositadas para su rehabilitación y resguardo en ese establecimiento. Desde entonces, se inició un seguimiento de los secuestros de ejemplares de fauna entregados por personal de la Secretaría de Ambiente al Zoo y se observó que “algunas de las aves habían desaparecido.”

Según los registros, en el mes de junio de 2011, se observaron nuevos depósitos de ejemplares decomisados, entre ellos, guacamayos azul-amarillo (valuados en unos $95 mil en el mercado negro de fauna silvestre) en dependencias del hospital del zoológico de Córdoba. Los animales provenían de un procedimiento realizado en Calamuchita y Río Tercero.

Estos hechos quedaron asentados en el expediente administrativo Nº 0517-016270/2011 de la Secretaría de Ambiente y de allí surgen las sospechas de ilícitos por la desaparición de ejemplares.

El 12 de octubre de ese mismo año se obtuvieron las actas de entrega realizadas por personal del área de la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente al zoológico de Córdoba, tras los allanamientos realizados el 14 y 15 de junio del 2011. De allí surgieron los faltantes de ejemplares secuestrados. Entre ellos, de 6 guacamayos azul-amarillos decomisados, 5 no ingresaron jamás al zoológico, siendo su destino final desconocido. El ejemplar restante tampoco estaba en el zoo pero se encontró una guía de tránsito expedida por la Secretaria de Ambiente y firmada por Oscar De Allende, a pesar que éste no podía disponer el traslado de ejemplares de fauna decomisados, ni autorizar movimiento hasta concluido el trámite del expediente administrativo.

EN BARRIO JOSÉ IGNACIO DÍAZ, OTRO CASO

En los años 2011 y 2012 también se realizaron allanamientos en barrio José Ignacio Díaz de la ciudad de Córdoba, por hechos reiterados de tenencia prohibida de fauna silvestre.

Allí, se empezó a investigar la procedencia de los ejemplares y la cadena de comercialización ilícita -además de un operativo antidroga- en un procedimiento conjunto con la Brigada de investigación de la Policía Federal Argentina para localizar personas y domicilios que contrabandeaban animales protegidos por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre.

El fiscal Pedro Caballero, dispuso los allanamientos en mayo de 2012 en 2 domicilios de barrio José Ignacio Díaz de Córdoba, donde  encontraron animales y documentos que detallaban el comercio con nombres y montos de operaciones de compra-venta de fauna silvestre.

A partir de allí, comienza el seguimiento y la sospecha de la desaparición de aves del zoológico de Córdoba por lo que el fiscal Caballero ordena el conteo de aves entregadas en custodia -que figuran en el expediente penal N° 1527478- donde personal de Patrulla Ambiental de Policía de Córdoba constató un faltante de 47 aves. Caballero decidió imputar a tres personas por la comercialización de fauna protegida proveniente del allanamiento que había sido entregada por la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, cuyo titular era Oscar De Allende.

De estos registros, surgen indicios sobre los destinos inciertos de ejemplares de fauna proveniente de secuestros y de la posible comisión de delitos por parte de funcionarios de la Secretaria de Ambiente, que involucran a Oscar De Allende y a otros funcionarios de segunda línea en maniobras ilícitas.

Por estos hechos, el fiscal Pedro Caballero dispuso el 24 de julio pasado la citación a juicio por «hurto continuado» imputando a Sebastián López Haber y a Christian Tulián. También, resolvió un desglose de la causa para investigar el posible delito de omisión de los deberes de Funcionario Público por parte del ex Director del Área de Recursos Naturales, Oscar De Allende y de los jefes de la mencionada Área y se remitieron los mismos ante la Fiscalía General para proceder al sorteo de la fiscalía en lo Penal, Económico y Anticorrupción.    

RINAUDO Y MUCCILLO, EN LA MIRA

Por una nueva denuncia formulada ante la Fiscalía de Estado de la provincia –Expediente Nº 0171-163222/220- se sospecha encubrimiento por parte del actual director de la Policía Ambiental, Adrián Rinaudo y de la actual subsecretaria de Ambiente de la provincia, María Victoria Muccillo.

Existe la presunción de que la documentación -en la que se basan los hechos investigados por la justicia- estaba en poder de estos dos funcionarios. Este expediente fue secuestrado en un allanamiento realizado a la Policía Ambiental, el 28 de diciembre de 2018 por lo que la nueva denuncia sostiene que ambos funcionarios no podrían desconocer la causa, como tampoco podrían explicar el por qué no se constituyeron como querellantes al ser la autoridad de aplicación. Por ello, se los situaría como responsables de omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.